El 'caso Palau' le estalla a Convergència

A menos de un mes para las elecciones, a Convergència le ha estallado el caso Palau. La fiscalía pidió ayer al juez Juli Solaz que abra una causa separada para investigar las presuntas comisiones irregulares que CDC recibió a través del Palau de la Música y que podrían corresponder a obras públicas adjudicadas al grupo constructor Ferrovial. El ministerio público, además, solicitó que se impute al tesorero de CDC y administrador de la fundación Catdem, Daniel Osàcar, y al secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom.

La fiscalía de Barcelona presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 30 en el que sostiene que se han hallado "evidencias documentales" que señalan que parte de los caudales que salían del Palau "de forma opaca" procedían de Ferrovial y podrían ser "comisiones ilícitas" por la adjudicación de obra pública disfrazadas de patrocinio. Según el escrito, el ex presidente del Palau, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, habrían actuado como "intermediarios" entre la constructora y "personas afines a la formación política en el poder en el momento de las adjudicaciones", que se produjeron durante la etapa de los Gobiernos de Jordi Pujol. Ferrovial declinó ayer comentar el escrito de la fiscalía.

El ministerio público solicita una causa separada que indague los pagos a CDC

El escrito considera que Millet y Montull actuaban como "intermediarios"

El texto cita algunas de las obras por las que, supuestamente, se pagaron comisiones: la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro, un pabellón en Sant Cugat y una obra de la empresa pública Regs de Catalunya. Las aportaciones, según el texto de la fiscalía, entraban de forma indiferente a la asociación y la fundación del Palau y luego salían mediante retiradas en efectivo o cheques al portador, pagos de facturas con empresas de marketing electoral y entregas a la fundación Trias Fargas, hoy rebautizada Catdem.

Si bien las salidas de efectivo del Palau entre 2002 y 2008 suman casi 19,5 millones de euros, las que podrían haber servido para satisfacer presuntas comisiones con políticos de CDC alcanzan los 2,33 millones. El escrito señala tres partidas: una que fue al ex presidente de CDC en L'Ametlla del Vallès, Esteve Escuer; otra a "C. Torrent", en referencia a Carles Torrent, ex tesorero de CDC, y la última a "Daniel", a quien se abonó el grueso de las comisiones y que los peritos de Hacienda identificaron con Daniel Osàcar, a pesar de que él lo negó en la comisión parlamentaria que investigó el caso Palau. Esta cantidad no incluye lo que facturaron las sociedades New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma -empresa vinculada con el senador nacionalista Jordi Vilajoana-, que facturaron casi dos millones por trabajos que, según los actuales gestores del Palau, nunca se realizaron.

En el apartado de los supuestos pagos a políticos, el texto apunta que el líder del extinto Partit per la Independència (PI) y actual dirigente de CDC, Àngel Colom, percibió 75.126,51 euros "con cargo a los fondos del Palau" para destinarlos "a un supuesto convenio de pedagogía" con su fundación Espai Catalunya. La fiscalía define ese uso como "a todas luces ajeno a los fines de la institución musical".

El texto también señala otros hechos que deberían ser incorporados a la causa principal porque podrían constituir un delito fiscal por parte de Millet, Montull y su hija Gemma Montull. El ministerio público se detiene en el millón de euros anuales que Millet y Montull cobraban como bonus y que pone en duda que se percibieran de forma legal. En todo caso, Millet no tributó por ellos.

La fiscalía pide que en la causa principal también se investigue la confección de "facturas mendaces" que, con "la colaboración de su asesor, el letrado [Raimon] Bergós", Millet y Montull realizaron cuando la Agencia Tributaria descubrió las retiradas de efectivo del Palau. Además, el ministerio público señala que al menos 10 proveedores del Palau facturaron 2,64 millones a la entidad por obras en sus domicilios. Parte de este dinero procedía del consorcio, cuyos fondos la fiscalía recuerda que son "públicos".La respuesta de Convergència llegó de la mano del diputado que ejerció de portavoz durante la comisión de investigación del pasado verano, Jordi Turull. Los convergentes aseguraron, sin dar nombres pero insinuando que se trata del Partit dels Socialistes, que ha habido "presiones" para que el caso del Palau de la Música reapareciera en vísperas a las elecciones. "Era de esperar. Sabíamos que se habían reduplicado las presiones por tierra, mar y aire para que el tema del Palau apareciera en campaña y distraer y evitar así el deseo de cambio". ¿Presiones de partidos o de instituciones? Se le preguntó. "Todo va ligado", respondió evitando afirmar que los socialistas ocupan el poder en las principales instituciones.

Turull reiteró "la inocencia" de CDC. "En ningún caso Convergència se ha financiado de forma irregular. Nosotros cumplimos la ley, y tenemos la voluntad total y absoluta de colaborar con la justicia". Sobre la posible imputación del responsable de finanzas del partido, Daniel Osàcar, y del secretario de Inmigración, Àngel Colom, Turull apeló "al buen nombre de estas personas" y reiteró "su honestidad". En cualquier caso, el diputado aseguró: "el documento no aporta nada nuevo y todo cuelga de suposiciones".

La reacción de Convergència ayer fue calcada a la de otras ocasiones, como en episodios anteriores del mismo caso Palau o cuando estalló el caso Pretoria, por el que fueron a la cárcel el ex consejero Macià Alavedra y la mano derecha del ex presidente Jordi Pujol, Lluís Prenafeta: se refirió a enemigos externos. A finales de octubre del año pasado, sobre el caso Palau, desde Convergència se habló de una estrategia orquestada desde Madrid y el PSC "para destruir el proyecto catalanista de Mas". El propio Mas, líder y candidato de CDC, comparó la operación de "desgaste" de la que dijo ser víctima con la que protagonizó Jordi Pujol con el caso Banca Catalana en la década de 1980.

Pocos días después, estallaba el caso Pretoria y el portavoz en el Parlament, Oriol Pujol, salió a arropar a los "dos militantes históricos"; desvinculó al partido de la supuesta trama -"no existe ningún cargo en activo implicado", dijo- y sí exigió al Partit dels Socialistes que aclarara la vinculación de sus imputados, cargos en activo, el más relevante de los cuales fue el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

Por parte del Gobierno catalán ayer habló el consejero Joaquim Nadal, que mostró su confianza en la justicia. El presidente de la Generalitat, intervino por la tarde en un acto del PSC en el que no aceptó preguntas y las redireccionó hacia la portavoz adjunta, Rocío Martínez. Como el portavoz adjunto en el Parlament, Joan Ferran, Martínez emplazó a Mas a aclarar si hubo financiación irregular a CDC. Mientras, el portavoz socialista, Miquel Iceta, se dedicó a reenviar por Twitter todos los titulares relacionados con la noticia del día. Por su parte, la portavoz de ICV, Laia Ortiz, exigió "máxima celeridad" para resolver el caso e instó al juez Juli Solaz a que "escuche de una vez para siempre" los argumentos de la fiscalía.