Columna
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Gitanos

A veces parece que la crisis no existe. Vivimos tiempos contradictorios, entre la costosa apoteosis de los fastos eclesiales para celebrar el subterráneo paso indemne de una tuneladora y el drama real de ausencias futbolísticas en Asturias. O entre las ingenuas y pacientes expectativas para con un determinado Tribunal Constitucional y el aterrizaje violento de realismo que nos facilita un determinado alcalde de Valladolid.

Pero la crisis existe, y desencadena o multiplica inmensos daños colaterales que nacen, crecen o rebrotan de las manos de esos dioses antiquísimos que ahora han sido rebautizados con el nombre, nada teológico, de "los mercados".

Este año se cumple el 60 aniversario del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La Associació Catalana de Juristes Demòcrates ha conmemorado esta fecha dialogando con Álvaro Gil Robles, que fue el primer comisario europeo de Derechos Humanos (1999-2006). Los derechos humanos son, con la actual crisis, objeto de preocupante postergación, o restricción efectiva, aunque no teórica o formal, porque los grandes textos declarativos no se han alterado. Y todavía es más preocupante que las mismas sociedades civiles democráticas que hace 50 años no habrían tolerado determinadas restricciones prácticas de esos derechos hoy parecen mirar hacia otro lado, cuando estas restricciones se perpetran.

Los derechos humanos son, con la crisis actual, objeto de preocupante postergación. Hoy se mira hacia otro lado

Sarkozy, el mismo que siendo ministro del Interior prometió barrer las calles de basura, refiriéndose a los jóvenes inmigrantes desarraigados, ahora barre de nuevo. Ha emprendido la bochornosa iniciativa de expulsar a los gitanos extranjeros de los barrios más humildes de Francia. Y les hemos visto en televisión saliendo del país en que vivían, con sus maletas, sus niños, sus ancianos. No era una devolución de delincuentes. Era un destierro colectivo por causa de pertenencia a un grupo racial. Y Sarkozy saldrá indemne, con el asentimiento expreso o tácito de buena parte de su biempensante país, con el beneplácito cómplice de casi toda Europa, o el para nosotros triste encubrimiento de Zapatero. Los derechos humanos, con sus 60 años de vigencia, están siendo atropellados.

No cabe ignorar que la pobreza genera marginalidad, y la marginalidad produce antisocialidad, es decir, ruptura frente a la sociedad que les excluye. Y no cabe ignorar que determinados grupos vienen soportando marginación, exclusión, en sus antiguas patrias, desde hace muchas generaciones. En estas circunstancias han llegado hasta aquí, atraídos por los tiempos, ya pasados, de nuestra abundancia. Tampoco cabe ignorar que la razonable concentración de estos colectivos en los espacios urbanos, o suburbanos, a que la exclusión social les relega, produce el rechazo de quienes hasta entonces ocupaban esos mismos espacios.

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No cabe ignorar todo eso, ni sus consecuencias, con una perspectiva de buenismo ingenua o utópica. Pero una perspectiva lúcida no tiene por qué ser hipócrita, insolidaria o criminalizadora.

Aquí, en Cataluña, como no podía ser de otro modo, corren vientos similares. Desgraciadamente, parece que algunos ensayan en la precampaña autonómica los gestos populistas más agrios, para aplicarlos después a mayor escala si resultan exitosos. Otros, más taimados, promulgan, amplían y gestionan fórmulas legales de exclusión de extranjeros, sean gitanos o no, pero siempre pobres. Es deseable que no prospere el agrio experimento populista explícitamente criminalizador. Pero, además, es exigible que la ecuación de extranjería y pobreza no conduzca a la marginación social, la represión legal y la exclusión total. Porque es necesario que, 60 años después, podamos estar orgullosos de la vigencia de los derechos humanos, sin sufrir el bochorno de sentirnos cómplices involuntarios de una utilización hipócrita, restrictiva y mendaz.

José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña.

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