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La policía señala trato de favor a Ortiz en el PGOU de Alicante

El informe del 'caso Brugal' asegura que dispuso de información privilegiada

Un informe policial recogido en las diligencias del caso Brugal revela un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista y dueño del Hércules CF, Enrique Ortiz, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. "Desde altos cargos del Ayuntamiento de Alicante se habría proporcionado a Enrique Ortiz información privilegiada respecto del contenido de dicho plan [el PGOU], pudiendo incluso haberse incluido modificaciones favorables al empresario alicantino a su voluntad así como permitirle adquirir ciertas zonas cuyo cambio en calificación le supondría ingentes beneficios", recoge la diligencia de Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.

La revisión del PGOU de Alicante la comenzó el ex alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, en la actualidad diputado autonómico, y la ha coronado su sucesora en el cargo, Sonia Castedo.

El informe centra las supuestas ilegalidades en ocho actuaciones urbanísticas, "si bien el máximo beneficio que obtendría [Ortiz] sería a través de las zonas protegidas de la ciudad y su posterior repercusión en zonas urbanizables", precisa. La policía destaca que Ortiz urdió el plan mediante la mercantil Deproinmed, SL, presidida por promotor, y en cuyo accionariado participa el Banco de Valencia. "Dicha mercantil sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirían una vez se haya aprobado dicho plan", dice el informe.

Mientras, el consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, negó ayer su implicación en el caso Brugal, pese a que otro informe policial del sumario destapa una supuesta trama entre el consejero, Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster.El informe policial del caso Brugal recoge ocho actuaciones supuestamente irregulares vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante: aprovechamientos urbanísticos del humedal de Agua Amarga y del parque de Fontcalent, compra de terrenos para el complejo Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, y aprovechamientos urbanísticos en la Condomina, PAU3, APA 9, y Pino Ruaya. El documento se sometió por primera vez a exposición pública en octubre de 2008 y se aprobó provisionalmente en abril de 2009. Luego hubo una segunda exposición y una nueva aprobación provisional en mayo pasado.

El caso más llamativo, por la polémica que ha generado en la ciudad, es el proyecto para la reforma del Rico Pérez. En este apartado, el informe señala que la recompra del campo por parte de la mercantil Aligestión, propiedad de Ortiz, al Ayuntamiento se materializó en abril de 2007, justo un año antes de que comenzara a exponerse públicamente el PGOU. Aligestión se hizo con el campo en subasta pública por 7,8 millones, un precio muy bajo, reseña el informe.

"Según se ha podido determinar, se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio José Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU", recoge el informe. "Basándose en dicho pacto sucrito al parecer con el por entonces alcalde, Díaz Alperi, el empresario presentaría un ambicioso proyecto que incluiría una zona comercial en los alrededores del estadio, junto con un establecimiento hotelero", añade.

Ortiz presentó el proyecto que menciona la policía. Sin embargo, la sucesora de Alperi en la alcaldía, Sonia Castedo, lo rechazó ante la presión de los comerciantes. Los agentes concluyen que la solución propuesta y que al parecer incluiría el nuevo PGOU, "sería la de beneficiar ciertas zonas propiedad del empresario para financiar la construcción de un nuevo estadio en la zona de Rabassa a coste cero".

El PGOU mantiene la calificación de suelo dotacional y deportivo para el terreno del Rico Pérez. Y en cuanto a la ampliación, el nuevo campo se levantará sobre los cimientos del actual.

El grueso de las supuestas actuaciones irregulares del promotor Enrique Ortiz relacionadas con el PGOU de Alicante hacen referencia a la adquisición de terrenos en zonas protegidas del término de la capital, especialmente en el saladar de Agua Amarga, su área de influencia, y el paraje de Fontcalent. Ortiz, siempre según el informe, también habría ido acaparando suelo en la Condomina, PAU3, APA9 y Pino Ruaya ante la expectativa de que se verían beneficiados con los mayores aprovechamientos por el nuevo PGOU.

Según el informe, Ortiz compró terreno en estas áreas "al tener conocimiento" de que el PGOU iba a incrementar el porcentaje de aprovechamiento para permutar en otras zonas de la ciudad. "Siguiendo las indicaciones del por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, Ortiz dirigiría una operación encubierta para lograr la adquisición de unos terrenos rústicos adyacentes a la zona protegida de Agua Amarga sobre las que el nuevo Plan General atribuiría un determinado uso terciario", señala el informe, que alude a un proyecto denominado Ciudad de la Economía.

El documento de planeamiento aprobado provisionalmente en mayo pasado mantiene las asignaciones de aprovechamiento a los parques naturales. En cuanto al sector de la Condomina redujo la edificabilidad (de 0,78 a 0,64) y los demás sectores conservan los porcentajes con los que fueron aprobados.

Enrique Ortiz declinó ayer comentar este informe policial. Mientras, la candidata del PSPV a la alcaldía, Elena Martín, instó ayer a la alcaldesa, Sonia Castedo, a que dé explicaciones sobre estas supuestas ilegalidades en torno al PGOU: "Es intolerable para Alicante que el PGOU sea el posible núcleo de una nueva trama de corrupción", dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de octubre de 2010