El portavoz socialista en Alicante dimite por su implicación en el 'caso Brugal'

El caso Brugal se ha cobrado una nueva víctima política, la segunda desde que comenzaron a desvelarse las supuestas corruptelas en torno al negocio de la basura en la provincia de Alicante y el planeamiento urbano de la ciudad. La mayoría de dirigentes políticos citados en la investigación y acusados de diferentes delitos por el fiscal están en el PP, pero las dimisionesse han producido en el PSPV-PSOE.

"He realizado una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero que, además, es un gran amigo. Es un error. He cometido un error y pido disculpas, en primer lugar a la sociedad alicantina. Hay muchos casos dramáticos que requieren como mínimo la igualdad de oportunidades. Y también pido disculpas a mis compañeros, a mi gente, porque desconocían la existencia de este error", ha confesado el secretario general del PSPV de Alicante y portavoz municipal,Roque Moreno, al aparecer su nombre en el sumario del caso Brugal por negociar supuestamente con el empresario Enrique Ortiz la contratación en una de sus empresas de la mujer y el hijo del asesor socialista Vicente Ronda. El ex senador Ángel Franco fue el que hizo de intermediario para poner en contacto a Moreno y Ortiz, según recoge el informe policial. Moreno ha defendido durante su intervención que la llamada que realizó fue para ayudar al hijo de su asesor, que se encontraba en una "situación dramática" porque, al igual que su esposa, estaba en paro. El afectado, según Moreno, ya había trabajado en una empresa de Ortiz y estaba "a punto de ser llamado".

Moreno ha aprovechado su intervención para marcar diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Un político tiene que asumir sus responsabilidades políticas", ha enfatizado al explicar una decisión que ha calificado de "personal". "Estamos asistiendo en los últimos meses a espectáculos que consideraría como mínimo lamentables. Hay casos de corrupción que salpican a toda la Comunidad Valenciana, a todos o a una buena parte de los representantes del Partido Popular. El caso Gürtel, el caso Fabra, el caso Brugal en sus distintas ramificaciones son solo algunos de los ejemplos que hoy podemos sacar y que están haciendo que la política en general esté mal considerada por la sociedad valenciana y alicantina", ha lamentado.

"Día tras día asistimos a un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares cuando no a los suyos propios, en detrimento y el perjuicio de los intereses generales. Y hoy aparece mi nombre al lado de estos malandrines. Y aparece una llamada de teléfono al lado de casos de corrupción que, desde mi punto de vista, tienen tintes mayúsculos", ha agregado en su argumentación. Moreno también ha defendido que velando por el interés general el grupo que ha dirigido hasta hoy "siempre" ha votado en contra de propuestas que favorecían a Enrique Ortiz, mientras que el PP "siempre" ha votado a favor.

Moreno ha celebrado esta mañana diversas reuniones con sus compañeros de partido para anunciarles su decisión de dejar los cargos. "Es una decisión personal, y es consciente del error", admite una compañera. El líder del PSPV de Alicante dejará su acta de concejal y dimitirá también como diputado provincial, aunque podría mantener sus cargos orgánicos como secretario local del PSPV-PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción acusa Moreno de un supuesto delitos de tráfico de influencias, que basa en que presuntamente pidió al promotor Ortiz que colocara a varias personas en una de sus empresas cuando representaba a su partido en una comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Ortiz es el máximo accionista de ese equipo de fútbol y está imputado en el caso Brugal.

El primer cargo socialista en dimitir por el caso Brugal fue el portavoz en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, investigado por un supuesto cohecho en la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de la Vega Baja. El negocio de los residuos está en el inicio de las pesquisas policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, que ha imputado en el caso, entre otros, al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a la alcaldesa de Orihuela. Mónica Llorente, ambos del PP. Ningún político popular ha abandonado sus funciones, todos insisten en negar las acusaciones. También lo hacen los socialistas afectados, pero al menos dos han dimitido mientras culmina la investigación judicial.