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Fiscal y policía acusan de cohecho a los dos alcaldes del PP de Alicante

La investigación del 'caso Brugal' revela que Alperi y su sucesora, Castedo, recibieron regalos del contratista Ortiz a cambio de favores urbanísticos

La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y a su antecesor y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, de graves delitos de corrupción. El fiscal jefe de Alicante, Felipe Briones, considera que los dos políticos recibieron regalos del promotor y dueño del Hércules C. F., Enrique Ortiz, a cambio de favores urbanísticos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aprobado provisionalmente en mayo de 2010.

La acusación del fiscal a Alperi y Castedo es consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. En este sumario hay un centenar de imputados por cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre ellos, el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. Los dos pilares del sumario son la contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. Las diligencias de la pieza de Castedo y Alperi las instruye el Juzgado número 5 de Alicante.

El informe apunta a un pacto para favorecer a Ortiz con el estadio Rico Pérez

Entre los supuestos tratos de favor, la fiscalía y la policía destacan la reforma del estadio Rico Pérez a cambio de una futura recalificación del suelo y la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

El fiscal imputa a Castedo (concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa desde septiembre de 2008) los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal describe tres supuestos hechos delictivos. El primero está relacionado con una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. El segundo hecho delictivo se refiere a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos. Y el tercero se vincula a la remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz.

El escrito concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz: alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales de 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un Mini Cooper para una persona de confianza de Castedo a petición suya; solicitud a Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sus firmas...

El fiscal, según fuentes del caso, acusa de los mismos delitos a Díaz Alperi. En cuanto a las supuestas dádivas que el ex regidor pudo recibir del promotor, cita el viaje en el yate del promotor a las Baleares en el verano de 2008 y el pago de otro viaje en avión a Grecia.

Sobre las supuestas ilegalidades en las que pudo incurrir Alperi, el informe policial del caso Brugal destaca la compra de suelo en paraje protegido de Agua Amarga y en su área de influencia para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables. En el primer caso, según la policía, Ortiz tuvo "como cooperante necesario" al subdirector de Bancaja, José Cortina. Los terrenos fueron integrados en Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz y participada por Bancaja. La segunda operación, "por indicación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi", según el informe, consistió en la compra de terrenos rústicos en los aledaños de Agua Amarga. En esa área el nuevo PGOU atribuiría un uso terciario para acoger el proyecto Ciudad de la Economía, impulsado por la CAM. La zona quedó finalmente como protegida y Ortiz integró el suelo en Deproinmed.

Por otra parte, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, restó ayer importancia al informe policial del caso Brugal que le vincula a una trama con Ortiz. "Es un informe policial incoherente, que ni conozco ni he visto", dijo.

Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró "que la situación del PP valenciano es insostenible, pero los valencianos lo limpiarán antes que la justicia".

Una trama con 20 ramificaciones

- 'Caso Brugal'. Trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, cuya investigación comenzó en marzo de 2007. El caso lo dirige el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín.

- Pilares básicos. La contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja.

- Imputados. En el sumario general hay cerca de un centenar. Los tres principales acusados y, según la investigación, protagonistas de la trama, son el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

- Tercera pata. Es la que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo PGOU de Alicante. La investigación de esta pieza, tras inhibirse el instructor de la causa general, ha recaído en el Juzgado número 5 de Alicante.

- Piezas subsidiarias. Estas causas investigan supuestos delitos electorales (pagos en efectivo de Fenoll a cargos del PP en siete pequeños pueblos de La Vega Baja).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de octubre de 2010

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