El fiscal implica en el 'caso Brugal' a un ex presidente y un directivo de la CAM, y a dos cargos de Bancaja

La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos.

El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).