"Empujamos por las libertades"

En la clandestinidad. Primero en un piso de estudiantes. Después en un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. Siempre con secretismo. Porque en aquella época someterse a un aborto o realizarlo era un delito. Pero se hacían. Por el llamado Centro de Planificación Familiar Los Naranjos de Sevilla, donde un grupo de estudiantes había montado una clínica en la que se practicaban intervenciones, pasaron más de 400 mujeres en nueve meses. Estos días se cumplen 30 años de su clausura, motivada por la detención de los ocho miembros del grupo y varias de las mujeres que estaban en el centro.

Lo ocurrido en Los Naranjos desató una gran movilización social que contribuyó a la primera ley que despenalizaba la interrupción del embarazo (en 1983). El debate sobre la legalización del aborto estaba en la calle y el grupo de los ocho detenidos -estudiantes de varias carreras que aprendieron a realizar la intervención de la mano de organizaciones feministas europeas- desató la solidaridad de más de 26.000 hombres y mujeres, que enviaron al juez sus firmas autoinculpándose de haber abortado o colaborado en ello. Asociaciones de todo tipo se implicaron en el caso. Desde la después ministra Cristina Alberdi -que dejó la defensa de una de las acusadas al ser nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial- a las feministas Cristina Almeida o Pilar Trancona. El proceso duró 14 años.

Más de 26.000 personas se inculparon en apoyo a los acusados

Los ocho miembros de Los Naranjos -no fue imputada ninguna mujer- fueron condenados por el Supremo a un año de cárcel y seis de inhabilitación y finalmente indultados. Ninguno volvió a dedicarse a las interrupciones de embarazo.

Hoy la situación es muy distinta. La nueva ley del aborto permite que la mujer interrumpa su embarazo sin dar explicaciones hasta la semana 14. El aborto es ya un derecho, una prestación sanitaria financiada. "Nada que ver con la clandestinidad y el ambiente de lucha social en el que nos movíamos", dice José Ángel Lozoya Gómez, fundador del grupo. Corría el año 1980 y el Código Penal fijaba penas de hasta seis años de cárcel por cada aborto realizado.

Magdalena López recuerda el día de su detención como si fuera ayer. Estudiaba cuarto de Psicología y se acababa de independizar. Llevaba una semana en el grupo. Era una de las encargadas de dar la información las mujeres que pasaban por el centro. Estuvo tres días en el calabozo. "Cuando salí, había perdido tanto peso que se me caían los pantalones. Me los tuve que atar con una cuerda", dice con una sonrisa.

Abrieron Los Naranjos por convicción social. "Queríamos imponer el aborto como un derecho. Empujamos por las libertades. Creíamos que los límites del Estado estaban aún por fijar y presionábamos para que fueran más amplios", dice Gómez. Querían la legalización del aborto. O al menos su despenalización.

La fiscalía del Tribunal Supremo calculó que se realizaban unos 300.000 abortos anuales en toda España. "El aborto era clandestino pero se hacía, y muchas veces en malas condiciones. Nosotros tratábamos de darle seguridad", añade Eloísa Galindo, otro miembro del grupo. Cobraban 8.000 pesetas por intervención.

Marina (no quiere dar su apellido) no recuerda cuánto pagó. Pero sí se acuerda de su paso por la clínica. "Cuando supe que estaba embarazada pensé que me moría. No podía parar de llorar", cuenta. Tenía 18 años. Acababa de llegar a Sevilla desde Huelva y no tenía medios ni pareja. Ha pasado mucho tiempo y por Los Naranjos pasaron muchas mujeres. La historia de miedo y clandestinidad se repetía cada día.