La ley llega a Collserola

Los guardabosques se adentran por el camino que lleva a la Font Groga, en el nuevo parque natural de Collserolla, que ayer fue elevado a esta categoría por la Generalitat. Se detienen para explicar que las encinas y los robles que cubren estas 112 hectáreas sobrevivieron a los cultivos de vid en el siglo XIX, a la plaga de la filoxera y a la reforestación con pino blanco. Donde el hombre de ciudad ve tierra húmeda, ellos identifican un paso de jabalíes. Se trata de un sitio salvaje y frágil que, aunque lo cruce una línea de alta tensión, merece protección especial.

Interrumpe el discurso y el paseo una sesión de fotografía publicitaria. Cuatro jóvenes y un ciclista modelo reaccionan con asombro cuando los guardas les dicen que lo que hacen está prohibido. Ellos se excusan diciendo que no sabían que era necesaria una autorización para grabar en "el monte". Sin mucha resistencia, empacan y se van. "La gente no sabe que esto es espacio público", explican los guardas, que junto con otros dos compañeros son los encargados de vigilar y hacer cumplir los reglamentos del parque solo con la palabra y su presencia, pues no pueden poner multas.

La Font Groga ejemplifica la compleja realidad de Collserola. La declaración de ayer pone fin a una demanda de vecinos y ecologistas que ha durado más de 20 años, pero también va más allá del mero cambio nombre. El nuevo parque amplía en 780 hectáreas el territorio protegido, la mayoría en el término municipal de Sant Cugat del Vallès. Así, la superficie total del parque llega a 8.295. Se incluyen dos reservas naturales de protección especial: Font Groga y la Rierada-Can Balsac. La decisión también formaliza el ingreso de la Generalitat en el consorcio que lo gestiona, lo que significa más implicación e inversión. Según el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, 700.000 euros en 2011.

"Este es el espacio más complicado de proteger de Cataluña", explica Marià Martí, gerente del consorcio, que se declara muy satisfecho con la decisión. "Nos permite un mayor grado de conservación. Es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho", puntualiza Josep Perpinyà, su vicepresidente. La condición de parque natural permitirá que Medio Ambiente ayude a formular un plan especial de protección y usos, que abordará aspectos como la velocidad de las bicicletas, por ejemplo. Se podrán establecer multas para los incívicos. Según Perpinyà, el mayor reto ahora es armonizar el uso del parque (unos dos millones de visitantes el año pasado) con la biodiversidad.

La decisión ha sido recibida con alegría, pero con matices. Quica Graells, portavoz de la asociación de vecinos del Tibidabo, dice que aún falta claridad sobre algunas zonas de la ladera de la montaña, que han sido protegidas bajo la categoría de Espacio de Regulación Especial. En opinión de la coordinadora en defensa de Collserola, se podrían haber protegido 1.600 hectáreas más, según explica su portavoz, Oleguer Farràs. Ambos esperan con ansia conocer el plan de usos. Parece que esta vez ha llegado la ley al monte.