Los vendedores de automóviles reclaman 2,2 millones a la Generalitat

Los concesionarios de coches celebraron el pasado mes de febrero que, tanto el Gobierno central como la Generalitat, renovaran las ayudas a la compra de coches. Los compradores podrían descontarse hasta 2.000 euros de su nuevo vehículo. Sin embargo, Faconauto, patronal del gremio, asegura que por un problema informático muchas de las ayudas no pudieron gestionarse. Los vendedores de automóviles descontaron el dinero a los compradores, pero no han podido cobrárselo a la Administración. La Generalitat les debe 2,2 millones de euros, y el Estado 400.000, aseguran. Esta semana, anuncia Faconauto, emprenderán acciones legales contra ambas Administraciones para cobrar.

La Generalitat responde que no tiene nada que ver con los impagos. "Si hubo un problema informático es responsabilidad del Ministerio de Industria, que gestionaba la tramitación de las ayudas", se excusaba la portavoz de la secretaría de Industria y Empresa. El ministerio, por su parte, acepta que, si ha habido algún error achacable a él, asumirá la responsabilidad.

La patronal dice que no ha cobrado las ayudas a la venta de coches

"Tras la renovación de las ayudas, el organismo responsable de gestionarlas, Fitsa [dependiente del Ministerio de Industria], tardó mucho en poner en marcha el programa informático para pedir las ayudas", asegura un portavoz de Faconauto, pero los concesionarios empezaron a vender coches y aplicar los descuentos del Plan 2000E. Además de los 1.000 euros comprometidos por los fabricantes, el comprador se ahorraba otros 1.000 euros a cuenta del Estado o 500 por el plan de ayudas de la Generalitat, ya que en función del precio y del modelo del coche se podían acoger a uno u otro descuento. Los concesionarios podrían solicitar el pago del dinero más adelante, cuando el programa estuviera activo. El problema, asegura Faconauto, es que el programa se puso en activo con retraso, a finales de marzo, y solo durante un fin de semana. Los concesionarios registraron de una vez todos los expedientes y "el programa se colapsó".Muchos expedientes, asegura la patronal de las concesionarias, no pudieron ser registrados, el dinero previsto en el plan se agotó y se cerró el plazo, de modo que quienes no pudieron hacer el registro no cobraron. Ahora exigen el dinero por los coches vendidos.

Según la Ancosat (Asociación Nacional de Concesionarios de Seat, con sede en Cataluña), el Estado debe a los concesionarios catalanes 400.000 euros por ventas que no pudieron registrar a tiempo, y la Generalitat 2,2 millones de euros. "Hemos estado recogiendo una por una todas las reclamaciones por cada venta. La semana que viene emprenderemos las acciones legales y denunciaremos a Fitsa [Ministerio de Industria] y a la Generalitat", asegura su presidente, Jaume Roura.

El Ministerio de Industria recuerda que si el pago no se ha producido puede ser por dos motivos: que el concesionario no hiciera bien el registro o que el organismo que debía aportar la subvención agotara el dinero -fue lo que sucedión con la Generalitat- y no aportara más. De cualquier manera, añaden, no creen que, si hay impagos, asciendan a una cantidad tan importante. Según Industria, el programa para registrar las peticiones estuvo abierto varios días, hasta que se agotó el 70% del presupuesto, tal como estaba previsto; en ningún caso tan solo un fin de semana como dice la patronal. "Ahora estamos analizando una por una las peticiones que dicen que fallaron y eso lleva un tiempo", justifican.

"Denunciaremos al ministerio porque el programa no funcionó y nos deben dinero, y a la Generalitat, porque debe aportar la parte de dinero que prometió", dice rotundo Roura.

Ganvam, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (otra patronal del sector), de momento no ha comunicado acciones legales, pero coincide en que deben dinero a los concesionarios. "El sistema se colapsó. Calculamos que 1.000 peticiones para el plan catalán de ayudas se quedaron fuera del sistema", dicen. Esto rebajaría la cifra de deuda a 500.000 euros, según esta agrupación. "En mayo pedimos explicaciones a la Generalitat, pero seguimos sin obtener respuesta", lamentan.