Interpretaciones presupuestarias

La discusión presupuestaria en Galicia va a ser de las más interesantes de los últimos años. Antes incluso de conocer las cifras concretas, podemos hacernos una idea general de lo que vamos a encontrarnos y de los discursos de Gobierno y oposición. Habrá una reducción sustancial del presupuesto global. La discusión no va a ser qué partidas crecen más y cuáles menos; la atención se va a centrar en diferenciar aquellas partidas que caen en cifras porcentuales de dos dígitos de aquellas cuyo retroceso se detiene por debajo de ese umbral. Van a ser excepción las cifras en negro.

En general, el Gobierno lo va a tener difícil para presentar en positivo su proyecto e intentará incidir en varias ideas. Primero, que su propuesta es la menos mala que se puede ofrecer, dada la negativa coyuntura financiera. Segundo, que la culpa de la fortísima restricción financiera es del Gobierno central, en manos del PSOE. Tercero, que se va a hacer todo lo que se pueda para que el recorte se note lo menos posible, buscando la máxima eficiencia en la gestión de los recursos y la explotación de fórmulas extrapresupuestarias de financiación de obras y servicios. Y cuarta, que la ejecución presupuestaria va a ser rigurosa y no se van a generar agujeros financieros.

Aunque la Xunta se erigiese en líder de la subida de impuestos, los recortes serían inevitables

De forma simétrica, la oposición insistirá en que los presupuestos van a suponer un deterioro de los servicios públicos sin precedentes y que existen alternativas; que la Xunta es corresponsable de los recortes; que el abuso de las fórmulas de financiación extrapresupuestaria hipoteca el futuro y ampara sobrecostes para el erario público y que las facturas no pagadas en el ejercicio van a desbordar los cajones. La diferencia fundamental entre PSdeG y BNG será que los nacionalistas no van a defender al Gobierno central por su responsabilidad en los recortes y que culparán al sistema de financiación autonómica, con el que nunca han estado de acuerdo.

¿Cuál de las tres posiciones cuenta con más respaldo en los hechos y los datos? Como casi siempre, la realidad huye de los polos y se tiñe de los tonos grisáceos que tan poco les gustan a los políticos a la hora de elaborar sus discursos, y tanto nos reconfortan a los académicos.

El ajuste del presupuesto a la baja es inevitable. Aunque el bipartito siguiera en el Gobierno, estaríamos hablando de recortes generalizados. Sin embargo, es verdad que el Gobierno actual renuncia al uso de sus instrumentos fiscales para compensar parte de la caída de otros ingresos. Seamos realistas: aunque el Gobierno gallego optase por convertirse en líder autonómico de la subida de impuestos, el ajuste seguiría siendo inevitable. Porque la posibilidad de obtener 1.000 millones de euros (siquiera 500) subiendo impuestos autonómicos es una quimera. La cuestión de la autonomía fiscal sigue pendiente en España. Pero la realidad es que sumando las pérdidas de recaudación de las rebajas impositivas aprobadas y anunciadas y computando algunas medidas al alza no dramáticas, nos daría para financiar algunas cosas.

En segundo lugar, en el recorte de ingresos hay una parte que tiene que ver con una decisión del Gobierno central muy discutible, injusta y claramente contraria a la lógica del modelo de financiación (el no anticipo de los 243 millones del fondo de cooperación). Pero otra, la más importante, porque puede llegar a superar los 1.200 millones, es responsabilidad compartida de Xunta y Gobierno central. Porque la totalidad de los gobiernos autonómicos aprobaron (o no rechazaron) acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ahora perjudican tanto a Galicia como al resto de comunidades.

Por lo que respecta al resto de las cuestiones, es difícil pronunciarse por ahora. El recurso a la financiación pública-privada, que ya se utilizó en la etapa del bipartito pero que la Xunta actual está extendiendo, es una tentación a la que hay que poner límites. Pienso que la solución pasa necesariamente por aplicar luz y taquígrafo, para saber la deuda que lega cada Gobierno, distintaa la publicada trimestralmente por el Banco de España, y para que conozcamos todos cuál es el coste real que va a suponer cada obra que se financia. Finalmente, me consta que la consigna desde la Consellería de Facenda es la del control riguroso del gasto. Pero me temo que pueden existir gestores que busquen fórmulas imaginativas para bordear ese control, como ha ocurrido en el pasado en todas las comunidades autónomas, sobre todo en el ámbito sanitario.