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Los operadores advierten de que el cierre de webs atascará los juzgados

Redtel exige que las denuncias sean tramitadas por instancias mercantiles

A las compañías de acceso a Internet sigue sin gustarles la ley que tramita el Congreso para cerrar páginas webs a través de una disposición en la Ley de Economía Sostenible (LES). Y van a apurar hasta el último momento para intentar cambiarla. Para ello, han remitido un documento tanto a los grupos parlamentarios como al Gobierno en el que, entre otras propuestas, piden que se cambie el procedimiento procesal previsto en la LES para el bloqueo de webs, al que consideran "complejo, enmarañado e ineficaz", y que las denuncias sean tramitadas exclusivamente por la jurisdicción civil y no por la Audiencia Nacional, como contempla el proyecto de ley.

El documento de Redtel, la asociación que agrupa a los principales operadores (Telefónica, Ono, Orange y Vodafone), advierte que si sale adelante la actual redacción de la ley se incrementará "la ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual provocando un atasco en los juzgados.

Las empresas de acceso a Internet exigen delimitar las webs denunciables

El procedimiento implicará la intervención de cinco organismos

Según informaron fuentes de los grupos parlamentarios, los servicios jurídicos de Redtel les han alertado de que la tramitación de una denuncia contra una página web de enlaces o descarga de contenidos protegidos por derechos de autor implicará la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil) lo que "incrementará exponencialmente el riesgo de pronunciamientos contradictorios". Por ello, propone un procedimiento más sencillo en el que solo intervengan los juzgados de lo mercantil.

Los operadores creen que esta ley está abocada al fracaso porque es precisa una reforma integral y no parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que se adapte al nuevo mercado de contenidos digitales, pero consideran que, de salir adelante, serían "imprescindibles" varias modificaciones. La más relevante es delimitar adecuadamente el ámbito de actuación de la ley porque, pese a que el Gobierno ha asegurado que estas medidas excepcionales solo se dirigirán contra las webs -aproximadamente 200- que se lucran a partir de la explotación de contenidos protegidos sin autorización, la redacción es tan genérica que permitiría "un campo de actuación mucho más amplio y, a priori, imposible de evaluar en su impacto económico y social".

Asimismo, exigen que se garantice la independencia (funcional, como composición, financiera, etc.) de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), la autoridad encargada de gestionar estas medidas excepcionales coercitivas. Redtel se queja de que actualmente ni siquiera se exige que los miembros de la CPI sean independientes y profesionales experimentados. También piden que en la Comisión estén representados los usuarios.

También puede que se la dote de competencias más amplias -no solo penalizadoras- que incluyan el resto de elementos necesarios para lograr una reducción de la vulneración de derechos de propiedad intelectual (propuesta de medidas de fomento de la creación de una oferta legal atractiva y ejecución de actuaciones de sensibilización de la opinión pública).

La ofensiva de Redtel y su descontento con la ley no concuerdan con la declaración que realizó la pasada semana Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, el lobby que agrupa las sociedades de gestión de derechos y parte de la industria audiovisual, que señaló que estaba casi cerrado un acuerdo con todas las partes -incluyendo los operadores- sobre la aplicación de la ley.

El proyecto de ley está siendo ahora tramitado en el Congreso. El Grupo Popular ha presentado varias enmiendas a la disposición final, mientras que IU-ICV y Esquerra Republicana han pedido su retirada. No obstante, en fuentes de la industria se indicó que tan decisivo como ese trámite puede ser el desarrollo reglamentario que decidirá, entre otras cuestiones, la composición y el funcionamiento de la Comisión. Y tanto, Redtel como la Coalición de Creadores quieren que sus propuestas se plasmen en ese reglamento.

Pero aún queda tiempo para que se sustancien los primeros procesos. Se estima que la LES se aprobará en diciembre y entrará en vigor a comienzos de 2011. Luego habrá que redactar el reglamento y constituir la CPI, por lo que, como mínimo, hasta el verano no habrá ninguna resolución en firme sobre el bloqueo de webs de enlaces, según fuentes del sector.

Un largo proceso

- 1º. Denuncia del titular de los derechos de autor o las sociedades de gestión.

- 2º. La Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) debe constatar la vulneración del derecho, y pedir el bloqueo de la web.

- 3º. El juzgado central de lo contencioso de la Audiencia Nacional autoriza la medida si afecta al artículo 20 de la Constitución.

- 4º. En caso de cierre, la Sala de la Audiencia Nacional conocerá del recurso de apelación del demandado.

- 5º. Independientemente, la Sala también conocerá del recurso que, en su caso, se presente contra el acuerdo de la CPI sobre la vulneración de derechos.

- 6º. El titular de los derechos solicitará a los juzgados mercantiles indemnización por daños y perjuicios, que podrán recurrirse ante la Audiencia Provincial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de octubre de 2010

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