Bruselas cuestiona la independencia de las auditoras y su oligopolio

Al fin ha llegado el turno a los auditores. Hasta ahora, las firmas de auditoría se habían escapado de sus responsabilidades en las crisis financiera y económica que ha requerido ayudas públicas equivalentes al 27% del producto interior bruto de la zona euro. Primero se puso en cuestión el papel desempeñado por los bancos, luego el de los fondos de alto riesgo, (hedge funds), las agencias de calificación de riesgos, las autoridades de supervisión y de alguna manera también se ha puesto bajo la lupa a los bancos centrales, pero nunca se había entrado en el coto cerrado de las auditoras. Bruselas presentó ayer un Libro Verde para reformar el mercado de auditoría europeo, ante las serias dudas sobre su independencia, la fiabilidad de sus informes y la situación de oligopolio existente en el sector.

La Comisión quiere romper el dominio absoluto de las 'cuatro grandes'

Barnier les reprocha no haber visto venir la crisis en la gran banca

El completo despiste de los auditores y su inutilidad para prevenir la crisis fue recordado ayer por el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, al señalar que "poca gente había visto venir esta crisis financiera, tampoco las sociedades de auditoría, aunque estas estuvieran en primera línea, porque verificaban las cuentas de los grandes bancos". Para el comisario "la crisis ha puesto de relieve una serie de fallos en el sector de la auditoría y es preciso estudiar qué mejoras cabe introducir, sin que ningún tema sea tabú".

Una de las cuestiones más polémicas es la independencia de los auditores. El Libro Verde deja al descubierto el talón de Aquiles de un sistema en el que "los auditores son nombrados y pagados por la empresa que necesita ser auditada". Y señala que "el hecho de que los auditores sean responsables frente a los accionistas de la sociedad auditada y de otras partes interesadas, aunque sean pagados por la misma sociedad crea una distorsión dentro del sistema".

Ante esta contradictoria situación, la Comisión considera "la viabilidad de un escenario en el que el papel del auditor sea el de una inspección legal, en el nombramiento, la remuneración y la duración del compromiso con el auditor sería responsabilidad de una tercera parte, quizá una autoridad de regulación, en lugar de la misma sociedad auditada".

En relación con la independencia, el Libro Verde, sugiere extender a nivel europeo la prohibición existente en Francia por la que se impide a las sociedades auditoras realizar simultáneamente otros servicios como los de consultoría o asesoría a las empresas auditadas.

Otra cuestión que preocupa en Bruselas es la dominación del mercado por las llamadas cuatro grandes (Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG) que auditan el 90% de las compañías que cotizan en Bolsa en la mayor parte de los países europeos y que en Reino Unido pueden llegar al 99%. "¿Es perfectamente sana esta situación de oligopolio?", se preguntaba ayer Barnier. En opinión del comisario, esta concentración puede presentar riesgos sistémicos, en el supuesto de que una de las cuatro grandes quebrase, ya que dejaría sin este tipo de control al 20% o 25% de las empresas. De todas formas, los responsables de Mercado Interior señalaron que no tienen como objetivo atacar a las cuatro grandes.

Barnier expresó su preocupación por el hecho de que un mismo auditor trabaje "durante décadas" con los mismos clientes. La Comisión Europea propone una rotación obligatoria de las compañías auditoras y un control para evitar que los profesionales sigan a la empresa auditada cuando esta cambie de auditora. De la misma manera, se propone que las auditorías sean realizadas por consorcios de al menos dos firmas: una de las cuatro grandes y otra pequeña o mediana.

Bruselas considera la posibilidad de crear un verdadero mercado interior europeo de la auditoría, eliminando los obstáculos que hacen que hacen que este sector sea de ámbito nacional. Una de las iniciativas que se barajan es la introducción de un pasaporte europeo del auditor.

Las respuestas a las preguntas que se suscitan en el Libro Verde tienen un plazo para su presentación hasta el 8 de diciembre. La Comisión Europea decidirá en 2011 si es necesario la elaboración de medidas legislativas.