El alcalde lleva a los tribunales el pulso con el Gobierno por la financiación

La caja del Ayuntamiento de Madrid está seca, esquilmada por los efectos de la crisis. Los ingresos fiscales derivados de la construcción se han desplomado en los últimos años. Frente a esto, Madrid tiene la deuda más elevada de todos los Ayuntamientos de España. Debe 7.145 millones de euros. Los responsables municipales han ampliado el plazo de pago a proveedores a más de nueve meses de media, cerca de 270 días. Cada día llegan a la Hacienda municipal reclamaciones de empresarios exigiendo el pago de sus facturas. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, achaca esta delicada situación al estrangulamiento que sufre por parte del Gobierno central.

El Ministerio de Economía ha impedido al Consistorio madrileño incrementar su deuda. Tampoco le permite refinanciarla, lo que según los responsables municipales aliviaría la situación. Así que Gallardón ha trasladado su disputa por la financiación a los tribunales. El Ayuntamiento de Madrid está preparando hasta tres reclamaciones judiciales contra el Ejecutivo central por dificultar la financiación local, según fuentes municipales.

El recurso judicial más reciente está relacionado con la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda a que el Ayuntamiento de Madrid pueda refinanciar su elevada deuda. "Hemos pedido autorización al Gobierno para refinanciar la deuda que vence este ejercicio, 257 millones de euros", señala el concejal de Hacienda, Juan Bravo. Pero el ministerio se lo denegó.

Los responsables municipales consideran que "la negativa del Gobierno se fundamenta en juicios de valor y no en razonamientos legales". Consideran que la Dirección General de Coordinación Financiera, dependiente del ministerio que dirige Elena Salgado, ha modificado los criterios para evaluar el riesgo de estas operaciones. Según los responsables municipales introducen nuevas variables para hacer los cálculos, son más exigentes con los requisitos y además se asume una competencia que no es suya. "Corresponde a la Intervención General del Estado decir si cumplimos con el equilibrio presupuestario, pero no a la Dirección General de Coordinación Financiera", sostienen.

Un segundo recurso, que ya anunció el vicealcalde Manuel Cobo, a mediados de septiembre, tiene que ver con la liquidación que el Estado hace a Madrid en los presupuestos de 2008. El Ayuntamiento reclama 176 millones de euros al Gobierno porque considera que algunas medidas fiscales como el cheque bebé y la ayuda de 400 euros a los parados han supuesto una merma para la financiación local. La tesis de los responsables municipales es que estas medidas han supuesto una disminución de los ingresos del Estado porque se han entregado a través del IRPF en lugar de hacerlo vía gasto. Al caer los ingresos estatales procedentes de los impuestos, descienden también la parte que el Gobierno entrega a los ayuntamientos.

El conflicto jurídico no acabará aquí. El equipo del concejal de Hacienda prepara otro recurso para reclamar al Ejecutivo los intereses de demora que le exijan sus proveedores por aplazar los pagos. El pasado julio, el Gobierno aprobó una ley que incluía una línea de crédito del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para que los ayuntamientos pudiesen pagar las deudas con sus proveedores. Pero estos créditos aún no están disponibles, ni se han incluido en los Presupuestos del Gobierno para 2011. Además, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero dijo hace unos días en el Congreso que no los autorizaría. Por eso, Bravo considera que los intereses de demora generados desde la fecha en que tenían que haber entrado en vigor esos créditos ICO les corresponde pagarlos al Estado.

El alcalde está "preocupado", "enfadado" y "harto" por esta situación, según sus colaboradores. La semana pasada cargó con dureza contra el presidente del Gobierno al que responsabiliza de las dificultades financieras de Madrid. El regidor calificó al jefe del Ejecutivo central como "envidioso" y "mentiroso" y añadió: "es el presidente más antimunicipalista que ha existido en la historia de España".

El regidor continuó ayer con la campaña de culpar al Gobierno estatal de sus dificultades financieras. Durante un acto para el fomento del empleo, Gallardón se refirió a las competencias impropias que asume el Ayuntamiento. "No es una competencia municipal, no está en la Ley de Bases, es una competencia de otras administraciones y nadie nos podría reprochar que no hubiéramos realizado las inversiones que creo que superan los 26 millones de euros", lanzó. Hoy se verá las caras con el presidente durante el desfile militar por motivo de la fiesta nacional.