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Reportaje:

El primer año del gran ajuste

La Xunta afronta la caída generalizada de sus ingresos en 2011 - Madrid, Valencia o Baleares sufrieron hasta ahora más restricciones del Estado

No pueden mirar para otro lado. Todas las administraciones están obligadas a reducir drásticamente los presupuestos que empiezan a entrar en los Parlamentos autónomos. En esas cuentas para 2011 va buena parte de la credibilidad de la economía española. Los ajustes de 2010 ya son importantes, el Estado ha impuesto duros objetivos para lograr recortar el déficit del 9,5% al 5,9% del Producto Interior Bruto (PIB). Y las previsiones de gasto para el próximo ejercicio sufrirán como nunca el difícil escenario por la menor recaudación de impuestos.

La Consellería de Facenda, que presentará como muy tarde el miércoles 20 los Presupuestos en la Cámara, anticipó en julio que trabaja con la previsión de que el gasto no financiero (que excluye el de la deuda) tenga que reducirse en casi 950 millones de euros, un 8,6%, con lo que se situará alrededor de los 10.100 millones. En septiembre, la conselleira Marta Fernández Currás añadió que espera nuevas disminuciones que sitúan el tijeretazo en el 12%, colocando las cuentas en niveles de hace cuatro años. Pese a los reiterados lamentos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, la mayoría de los recortes tienen una causa fundamental, y no es el supuesto incumplimiento del modelo de financiación autonómica, sino la necesidad de controlar el endeudamiento, que cae en 803 millones de euros.

La deuda se ha disparado un 54% en los dos últimos ejercicios

Los recortes afectarán a los servicios públicos esenciales

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- Los años más difíciles. "Lo peor en el ámbito público está por llegar: 2011 y 2012 serán años especialmente duros", adelantan Santiago Lago y Alberto Vaquero, del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Algo que no casa con los tiempos de la crisis, cuyos efectos se dejan sentir desde 2008.

La explicación está en el propio sistema de financiación autonómica, que trabaja con anticipos de las previsiones que realiza el Ministerio de Economía y que pueden equivocarse, como de hecho ha ocurrido en años pasados. Las autonomías recibieron en 2008 y 2009 mucho más dinero del que les correspondía por la recaudación de IRPF, IVA e impuestos especiales. En el caso de Galicia fueron 2.584 millones. Pero se ha pactado un mecanismo que suaviza las devoluciones: se empezarán a pagar dos años después de conocer las liquidaciones. Además, se realizarán poco a poco, reintegrando el 25% en cada ejercicio. En números redondos, estas liquidaciones suponen una merma de 115 millones en el sudoku de la conselleira. Aunque no hace tanto las comunidades del PP aceptaron este calendario, ahora el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha intentado, sin éxito, dilatarlo en diez años, proponiendo que se comience a pagar cuando el PIB crezca al 2% (este año rondará el 0,2%).

- El problema de la deuda. La comunidad autónoma debía, en 2008, 3.584 millones de euros, el 6,5% de su PIB, ocho décimas más que la media española. En junio de este año sus números rojos habían crecido un 54% hasta los 5.544 millones. La cifra equivale al 10% del PIB gallego, pero proporcionalmente el resto de comunidades han pedido prestado más dinero (ahora la media nacional está en el 9,9% del PIB). Es decir, Galicia se acerca a lo que hacen las demás administraciones. Facenda asegura que así hace un "uso responsable" de esa facultad. La deuda que asumen las empresas públicas gallegas, que también cuenta, está en el 0,4% del PIB frente al 1,5% de la media. El caso es que no se trata de un recurso inagotable.

Este año, la capacidad de endeudamiento bajará a la mitad porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió limitarlo al 1,3% del PIB para 2011. Son 800 millones que ya no se podrán pedir prestados.

- ¿La financiación es un problema exclusivo de Galicia? No. De hecho, una de las conclusiones del foro Chaves, que reunió en Ourense a economistas de varias universidades gallegas hace unas semanas, fue que la caída de ingresos la sufren en mayor medida las zonas donde el ajuste del sector inmobiliario es más severo, como Madrid, Canarias o Baleares. Pese a todo, la Xunta insiste en que tendrá 244 millones menos por la caída de recursos del modelo de financiación autonómica en un 3,7%, otros 244 millones. Hay una disputa por otros 243 millones de euros del Fondo de Cooperación.

- Consellerías afectadas. La Xunta ha amenazado con recortes en los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la dependencia, ya que faltan, dicen "unos 300 millones de euros" para mantener el nivel actual. Medidas como la supresión de la gratuidad de los libros de texto van a parecer anecdóticas si atendemos a los continuos mensajes de alerta que lanza la Xunta.

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, admite que será "muy difícil atender a nuevos dependientes". El conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela, ya ha dicho que su departamento tendrá un 30% menos de recursos (equivalentes a unos 58 millones) y que se dejarán notar en el Gaiás. En cuanto a las infraestructuras proyectadas para el año que viene, la inversión caerá "solo" un 20% gracias, según el conselleiro Agustín Hernández, a la "reprogramación" de los calendarios de pago. Economía e Industria lo tendrá muy difícil si, como parece, quiere seguir inyectando oxígeno a las empresas en crisis. Su riesgo de impago por avales concedidos se ha disparado en el último año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 2010