"Todavía somos una colonia"
Kenneth McClintock, el secretario de Estado de Puerto Rico, es contundente: "La mayoría de los puertorriqueños creemos que aún somos un territorio no incorporado, léase colonia, desde el cambio de soberanía de España a Estados Unidos, en 1898". McClintock es miembro del Partido Nuevo Progresista, que pretende que la isla caribeña se convierta en el 51º Estado de Estados Unidos, y estuvo recientemente en Barcelona para inaugurar la edición del Liber 2010. Puerto Rico dispone de un importante sector editorial con posibilidades de acceder al mercado de habla hispana en Estados Unidos y Latinoamérica.
En Puerto Rico la tradicional división entre demócratas y republicanos "es irrelevante", apunta McClintock, un demócrata en un Gobierno dirigido por el gobernador Luis Fortuño, republicano.
La isla caribeña ha reducido su déficit de un 45% a un 11% desde enero de 2009
McClintock defiende la plena integración en Estados Unidos
El otro gran partido puertorriqueño es el Partido Popular Democrático, partidario de mantener la actual relación de Estado Libre Asociado, y en tercer lugar se sitúa el Partido de la Independencia, que en un momento llegó a tener casi un 20% de los votos y en los últimos comicios se quedó en menos de un 3%.
El Estado Asociado de Puerto Rico tiene cuatro millones de habitantes y, oficialmente, dispone de una renta per cápita equivalente a un tercio de la media de Estados Unidos, una cifra que McClintock cree distorsionada por el hecho de que el dato se basa en la recaudación de la Hacienda puertorriqueña, mucho menos efectiva que el temido IRS, la agencia fiscal norteamericana, lo que explica, en parte, el profundo impacto que ha sufrido la isla por la crisis financiera y económica.
"Cuando en enero de 2009, el nuevo gobernador, Luis Fortuño, tomó posesión del cargo", explica, "descubrió que la deuda era muchísimo mayor de lo esperado". McClintock, que llegaba a la Secretaría de Estado desde la presidencia del Senado, creía disponer de buena información y había calculado un déficit en torno a un 10% de un presupuesto de 10.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros). "Pero conforme íbamos descubriendo partidas nos dábamos cuenta de que durante cuatro años se nos había ocultado que las finanzas públicas estaban en un estado desastroso. La deuda total superaba el 45% y no había dinero ni para pagar la nómina de enero".
Las agencias de calificación estuvieron a punto de declarar bonos basura las obligaciones de Puerto Rico, y el nuevo gobernador tuvo que ir personalmente a Wall Street, antes de tomar posesión, para negociar y pedir una moratoria. "Nos dieron una prórroga, pero con mucho escepticismo", explica el secretario de Estado. "Consideraban que, por más tiempo que nos dieran, no íbamos a lograr nada".
Pero lo están consiguiendo: por lo pronto han logrado reducir el déficit del 45% al 11%. "Aprobamos una legislación de emergencia que nos permitiera disponer del efectivo para pagar la nómina de aquel mes y tomamos medidas drásticas", recuerda. "Aumentamos los impuestos voluntarios sobre el tabaco y el alcohol -voluntarios porque quien no quiere pagarlos no tiene más que no consumir- y subimos por un periodo de tres años los impuestos sobre los ingresos más altos y las propiedades de mayor valor, es decir, aumentamos la presión fiscal sobre las clases económicas que mejor podían aguantar el cantazo. Son impuestos temporales que probablemente podamos eliminar antes de los tres años previstos".
Por otra parte redujeron el gasto, no solo con una disminución de casi un 10% de la plantilla de 200.000 servidores públicos, sino con ahorros tan concretos como las comunicaciones. "Estoy en España sin teléfono móvil, porque entre otras medidas los eliminamos todos. Cada uno tiene el suyo y lo paga de su bolsillo", explica.
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