El Gobierno rechaza compensar a las centrales de Meirama y As Pontes

Buenas palabras y ninguna solución concreta para mitigar el efecto negativo del decreto del carbón sobre las dos grandes térmicas gallegas de As Pontes y Meirama. Ni compensaciones económicas ni garantías de empleo. Los alcaldes socialistas de As Pontes y Cerceda, Valentín Formoso y José Liñares, se reunieron ayer en Madrid durante tres horas con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. Perdieron el avión y regresaron del Ministerio de Industria en coche, "muy disgustados", y con la misma inquietud que empujó su viaje. El temor a que el nuevo reglamento paralice las centrales gallegas y comprometa la continuidad de 2.000 empleos vinculados a las térmicas.

"Dicen que el impacto será pequeño [una caída del 6% en la producción en Galicia] y no nos ofrecen ninguna alternativa", lamentó Liñares. Las propuestas alternativas de los alcaldes fueron descartadas por el ministerio porque "chocan con la UE o con el propio decreto". "Está el decreto y fuera de eso no hay nada", resumen los dos regidores. El Gobierno quiere aplicarlo a partir del 15 de octubre y esperar al 31 de diciembre para comprobar cómo han operado las centrales durante el último trimestre.

Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola recurrieron ayer el decreto ante el Tribunal Supremo. Solicitan "medidas cautelares" que paralicen la aplicación del nuevo reglamento y argumentan que potenciar el carbón nacional supone desplazar otras energías y fijar precios por encima del mercado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tachó de "sectaria", la decisión del Gobierno de articular un decreto "en contra del interés general" para salvar la minería en las cuencas asturianas y leonesas. El decreto, dijo, supondrá "desmantelar" las térmicas gallegas, y equiparó el problema del carbón con la situación del sector lácteo y de los astilleros. "Galicia entró en la Unión Europea el mismo día que el resto de España", se quejó. La Xunta da por sentado el cierre de las plantas de As Pontes y Meirama, aunque el Ministerio de Industria lo desmiente, y trabaja en la redacción de dos recursos que llevará a Madrid y Estrasburgo.

A esta cascada de recursos judiciales se sumó también la CIG, que anunció que recurrirá el decreto amparándose en los informes negativos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la Competencia. Amenazan con nuevas medidas de "presión social" para lograr una modificación del texto y advierten de que ya detectaron problemas en la planta de Fenosa en Sabón. La empresa solicitó la baja de sus dos grupos de fuel y plantea regular, prejubilar o recolocar a la mitad de sus 80 trabajadores, mientras que compañías auxiliares también han finiquitado ya algunos contratos.

Manifestación

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, telefoneó el miércoles al alcalde de Cerceda con un mensaje tranquilizador. "Es de agradecer que llame al alcalde de una aldea como yo", manifestó Liñares. Con todo, pide "mayor concreción" en las medidas compensatorias para corregir el impacto. Al regidor le preocupa que las eléctricas se enriquezcan mientras prescinden de transportistas y técnicos y hunden la economía local, que gravita en torno a las centrales térmicas.

As Pontes, con el gobierno local (PSdeG) a la cabeza, salió ayer a la calle contra el decreto. Unas 2.000 personas, según la policía local, se concentraron por espacio de una hora en la plaza del Carmen. A la concentración se sumaron alcaldes populares y socialistas de todos los municipios de la comarca.