El PP usa el 'caso Malaya' contra el jefe policial anticorrupción

El PP ha dado carta de autenticidad a la suposición que hizo el miércoles el abogado de un constructor implicado presuntamente en el caso Malaya, la mayor red de corrupción jamás juzgada en España. La acusación sin pruebas del letrado contra un jefe policial (que detuvo a su defendido por supuestos negocios turbios) la ha empleado el PP, y en particular dos de sus dirigentes más salpicados por las tramas de sobornos, para cuestionar la labor del principal responsable de las investigaciones contra la corrupción, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González.

El abogado Antonio Urdiales, defensor del promotor Rafael Gómez, acusó a González de filtrar información policial a la trama de corrupción en Marbella. Se basó para ello en un documento que incrimina a un tal "J. A. G.". Sin embargo, no hay prueba ni indicio alguno de que esas siglas se refieran a González. El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, investigó sin éxito la identidad oculta tras esas siglas. González se querelló ayer contra el abogado por estas acusaciones infundadas.

Aguirre y Camps vierten dudas de la honestidad de Juan Antonio González

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió ayer en defensa de su compañero y jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, caricaturizando las acusaciones que pesan contra él por el caso Gürtel. Aguirre hizo hincapié, en la cadena SER, en que son los jueces y no los informes policiales (hay varios que incriminan a Camps y la cúpula del PP valenciano) los que deben juzgar y condenar, y aprovechó para deslizar sobre el jefe policial: "Hoy parece que ha recibido presuntamente dinero (...) del caso Malaya, que están ahí sus iniciales, que el juez ordenó investigar, y que las investigaciones no están en ese sumario". Concluyó Aguirre que "un informe policial hecho por un señor de estas características

no puede condenar a un político".

Camps, en la sesión de control al Gobierno en las Cortes valencianas, hizo alusión a las "tenebrosas siglas J. A. G.", que "posiblemente corresponden" a la persona que filtró un informe judicial bajo secreto de sumario a la oposición socialista.

La dirección nacional del PP elevó aún más el tiro. El presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, exigió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que asuma "su responsabilidad" y explique "inmediatamente estas denuncias gravísimas". El PP llevará la cuestión al Congreso de los Diputados, como refrendó por la tarde su portavoz en la Comisión de Interior de la Cámara baja, Ignacio Cosidó, que exigió el cese inmediato del comisario al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. Este le replicó que tanto la policía como el Poder Judicial realizaron "una investigación hace más de cuatro años y la archivaron porque no había absolutamente nada".