La deuda económica pone en peligro la planta de basura que más recicla en España

Galicia cuenta con la planta de tratamiento de basura que más recupera para reciclar de toda España, la creada y organizada por la mancomunidad de municipios coruñeses de Serra do Barbanza. Y a pesar de su excelencia, la viabilidad y continuidad de este sistema autónomo y diferenciado que trata los residuos de nueve municipios (85.000 habitantes) apostando por el compostaje y la recuperación, está en el filo de la navaja. Son varios los frentes abiertos que amenazan con dar al traste con el modelo de gestión de residuos que mejor funciona: está asfixiado por la morosidad de varias localidades que deben en torno a un millón de euros en atrasos del pago del canon, y su rentabilidad tocada por las nuevas condiciones a la baja que desea imponer uno de los principales gestores de envases, Ecoembes.

Los alcaldes de los nueve municipios que usan la planta tratan de salvarla

La cercanía a un polvorín hace necesario trasladar la infraestructura

Y la concesionaria de las instalaciones, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) quiere rescindir el contrato, firmado en 2004 por 20 años. Todo ello sin contar el urgente y obligado traslado, por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de un polvorín a las puertas de la planta que impide legalizarla. El panorama se anuncia negro, tanto para los ayuntamientos si dejan de tener donde tratar la basura, como para los 150 empleados de la planta de Servia, situada en Lousame, que amenazan con movilizaciones.

Pero anoche se abrió un pequeño hilo de esperanza: los nueve alcaldes de la mancomunidad, de todos los colores políticos, reafirmaron su apuesta por este modelo alternativo a la incineración y al de Sogama, desarrollado por la Xunta, y su voluntad firme de posibilitar su continuidad. "Vamos a hacer lo imposible para que no cierre la planta de Lousame y ya se hizo un enorme esfuerzo para poner al día los ayuntamientos más atrasados en el pago del canon a la concesionaria", aseguró el alcalde de Brión, José Luis García. La deuda que rondaba los tres millones de euros al inicio del verano se redujo a uno, o sea a un retraso de cuatro meses. Y la Xunta aceptó, a propuesta de los regidores, retener el dinero que reparte del Fondo de Compensación Local a los dos o tres ayuntamientos más morosos para ingresarlo directamente a la mancomunidad y estar al día en el pago del canon de la basura.

Con ambos acuerdos, adoptados ayer en una reunión, los alcaldes tratarán de negociar con FCC. "No vamos a permitir, como pidió en julio, que rescinda el contrato y abandone el servicio, si quiere realmente que vaya a los tribunales y lo decida un juez, pero esperemos que, a la vista de nuestro gran esfuerzo por saldar los impagos, dé marcha atrás", indicó García.

Los ayuntamientos confían en más ayuda de la Xunta. Lograron arrancarle, en una reunión hace un mes con el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, un convenio de 100.000 euros para comprar terrenos a los que trasladar el polvorín que ahora impide legalizar la planta. Pero De Benito rechazó la posibilidad de entrar en el capital de la planta de compostaje y crear una empresa pública. El regidor de Brión espera que el Gobierno gallego, que tiene el 51% del capital de Sogama, aún replantee su inicial negativa y se implique en el sistema de tratamiento de la basura que mejor funciona.

En cuanto al nubarrón que provoca Ecoembes -el grupo de empresas que recupera los envases- con su intención de dejar de recoger para su reciclaje el 70% de los residuos plástico tipo film (PEBD), la mancomunidad del Barbanza también confía en que mueva ficha la Xunta ya que es ella la que está negociando un nuevo convenio marco con el gestor de envases. Para la planta de Lousame, que prima el reciclaje porque representa el 40% de sus ingresos (el resto proviene del canon de los ayuntamientos), supondría perder unos 600.000 euros al año en los ingresos que recibe de Ecoembes por los envases que recupera. Adega instó ayer a la Xunta a no permitir la pretensión de este gestor, que considera ilegal: "Recurre a una triquiñuela legal para reducir sus gastos cuando la ley le obliga a pagar por los residuos que recupera en función de la calidad, no de la cantidad".