El juez imputa por corrupción a la plana mayor del urbanismo en Murcia

La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.

El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.

Según un informe, el perjuicio por las recalificaciones es de unos 300 millones

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.

Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.

Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.

El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.

La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".

Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.