Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

La pistola humeante

Los etarras Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, presuntos miembros del comando Imanol, abrieron ayer la caja de los truenos. Su confesión ante el juez Ismael Moreno sobre los cursillos de armas y explosivos que recibieron en Venezuela en 2008 constituye el smoking gun (la prueba irrefutable) de que ese país se ha convertido durante los años de Gobierno de Hugo Chávez en uno de los territorios más confortables y seguros para los asesinos de ETA. Los documentos intervenidos a la banda en Francia, los mensajes sobre el entrenamiento de etarras a las FARC que contenía el ordenador de Raúl Reyes, jefe de este grupo terrorista muerto en un bombardeo del ejército colombiano, y los testimonios de desmovilizados recogidos por la policía española en Bogotá llevaron al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota a querellarse contra Arturo Cubillas, funcionario del Gobierno de Chávez y presunto organizador de estos cursillos, y otros miembros de ETA y las FARC. Se cumplen siete meses desde que el juez Eloy Velasco procesó a los acusados y pidió a Interpol su detención y extradición sin que ninguno de ellos haya sido capturado. Cubillas, casado con la asesora de Elías Jaua, vicepresidente de la República, pasea libre por Caracas y sigue en su puesto de jefe de seguridad del Inte, un organismo que confisca fincas supuestamente improductivas.

El silencio de la justicia venezolana es atronador: no ha contestado a ninguna de las peticiones remitidas por la Audiencia Nacional, cuyos jueces y fiscales ya no esperan "nada" de sus homólogos venezolanos; la parálisis de la policía venezolana es evidente, ya que se niega a detener a Cubillas pese a la visita que una delegación del Ministerio del Interior hizo a Caracas para exponer el caso y pedir colaboración. La historia se repite, ya que Chávez declinó capturar a otros siete etarras con 40 asesinatos a sus espaldas cuya extradición solicitó España. Desde que gobierna en 1999, la justicia española ha solicitado a Venezuela la extradición de 21 personas, siete etarras, pero ninguna ha sido detenida ni entregada. Los asesinos se esfuman siempre en territorio venezolano y algunos reaparecen como José Lorenzo Ayestarán, de 52 años. Se quitó el delantal de pescadero en Sucre, colgó el cuchillo y cogió la pistola para volver a un comando en Francia y preparar un secuestro.

Los servicios de inteligencia alertan del flujo de etarras desde México y Francia a Venezuela, un "lugar más seguro", según el diagnóstico de Mikel Carrera, Ata, ex número uno de la banda. Se estima que en el balneario venezolano residen 60 etarras, en su mayoría alejados de la organización. Chávez no explica cómo en un país tan vigilado como Venezuela no se detecta la efervescente actividad de tipos como Cubillas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de octubre de 2010