Bruselas tumba la tasa para RTVE y agudiza su asfixia financiera

Bruselas apretó ayer el dogal económico que asfixia a Radiotelevisión Española (RTVE) al confirmar la ilegalidad del plan del Gobierno de financiar a la corporación con fondos detraídos a las telecos, unos 230 millones de euros este 2010, según cálculos de la Comisión. El presupuesto de RTVE para el próximo ejercicio es de 1.200 millones. El Ejecutivo comunitario da dos meses a España para rectificar y si no lo hace o lo hace de forma insatisfactoria el Estado se sentará en el banquillo del Tribunal de Justicia de la Unión en 2011.

El Gobierno está convencido de que el modelo de financiación de la radiotelevisión pública es compatible con la normativa de la UE y lo seguirá defendiendo ante las instituciones comunitarias, recalcaron ayer fuentes oficiales.

Oliart insta a las telefónicas a que primero paguen y luego reclamen

Los primeros nueve meses de la televisión pública sin publicidad se han cerrado con el sonoro contratiempo de que una de las tres patas financieras concebidas para compensar la pérdida de los ingresos de los anuncios no se ajusta al derecho comunitario. España siguió el modelo francés de financiación, que entró en vigor medio año antes. Y ahora la Comisión considera que tanto en el caso español como en el francés "estos impuestos sobre las telecomunicaciones son incompatibles con las normas de la UE" en materia de telecos.

El derecho comunitario establece que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones deben estar directamente relacionadas con la cobertura de los costes administrativos y reglamentarios de la regulación del propio sector, y no ser destinadas para otros objetivos. Y con el objetivo de financiar la televisión pública -de ahí la ilegalidad- entró en vigor hace un año la ley que fija una tasa del 0,9% de los ingresos brutos de los operadores de telecos.

Las operadoras de telecomunicaciones tienen que hacer el primer pago antes del 6 de octubre. La patronal de telecomunicaciones, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, considera que la decisión de Bruselas supone un respaldo a la demanda que presentaron ante el Tribunal Supremo para que suspendiera cautelarmente el pago de la tasa.

A juicio de Bruselas no deberían ser abonados o de serlo y reconfirmarse la ilegalidad deberían ser devueltos.

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, reclamó a las telecos desde el Congreso, donde compareció, que de entrada paguen: "El solve et repete [primero paga y luego reclama] es un principio establecido en la legislación fiscal y administrativa desde hace muchos años". Oliart se mostró optimista, pero se le acumulan las malas noticias en lo económico, porque con la presentación de los Presupuestos para 2011 ya es oficial que la subvención del Gobierno baja un 7% y se queda en 547 millones.

El requerimiento de Bruselas a modificar la legislación se hace en forma de dictamen motivado, segundo paso de un proceso de infracción que da dos meses adicionales a las autoridades españolas para rectificar. Cuando se abrió el proceso, el pasado marzo, la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, dijo hacerlo porque la legislación española amenazaba con afectar a los operadores de telecos al detraerles recursos y "limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizar por ende a sus clientes".

Quedan a salvo las otras patas del sistema de financiación de RTVE: el impuesto del 3% sobre los ingresos de retransmisión en abierto de las televisiones comerciales y del 1,5% de las emisiones de las televisiones de pago (se estima que unos 90 millones), así como un porcentaje del 80% de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico (con un tope de 330 millones).