La industria capitanea la huelga

Los asalariados gallegos remarcaron ayer con más fuerza que nunca la línea que los separa por sectores. Los obreros de la industria y la construcción respondieron en masa a la llamada de los sindicatos para protestar contra la reforma laboral del Gobierno central que otorga más facilidades a las empresas para despedir a sus trabajadores. La huelga general paralizó la actividad de la planta de Citroën en Vigo -la mayor factoría de Galicia-, de los puertos, de los astilleros del sur y del norte de la comunidad, de las factorías de Inditex, de los servicios de limpieza y recogida de basuras, y de las grandes obras, entre ellas las del gigantesco centro comercial coruñés de Marineda City y las de las dársenas exteriores de A Coruña y Ferrol.

Casi 100.000 personas, según datos oficiales, participaron en las manifestaciones

De espaldas a la convocatoria se situaron, por contra, los funcionarios de las áreas administrativas de la Xunta y el Gobierno central, de los hospitales y de la enseñanza, con la única excepción de las universidades, con unos campus semivacíos en los que se llegaron a cerrar varias escuelas y facultades. Y en el medio de unos y otros, obreros y funcionarios, se quedaron los empleados y propietarios de comercios y locales de hostelería, con un cierre de establecimientos que siguió en muchos casos la estela callejera de los piquetes informativos. En Ferrol, por primera vez en la historia de las huelgas generales, echó el cierre el hipermercado Alcampo.

Pese a estos altibajos y a los augurios de fracaso que se extendieron desde que en junio se convocó la huelga, los sindicatos cifraron el seguimiento del 29-S en Galicia en una media del 82%, sólo tres puntos por debajo del paro general de 2002 que llevó al Gobierno de Aznar a suavizar el decretazo con el que pretendía recortar derechos de los trabajadores, parados y despedidos. Frente a ellos, la patronal no dudó ayer en rebajar a un 25% el porcentaje de empleados en huelga, aunque, "a pesar de la normalidad que ha presidido la jornada", la Confederación de Empresarios de Galicia lamentó los elevados "costes económicos" de la protesta.

En las calles de las ciudades, además de la basura amontonada, el tráfico fluido en hora punta, los corrillos de piquetes y las verjas a medio cerrar, se sucedieron manifestaciones convocadas, de un lado, por UGT y CC OO y, de otro, por la CIG. Según los datos de las tres centrales, fueron un total de 160.000 trabajadores (casi 100.000 sumando los datos oficiales) los que salieron a la calle para exigirle una "rectificación" al Gobierno de Zapatero. Las marchas más numerosas, en línea con el seguimiento del paro, se celebraron en Vigo, corazón industrial del país. En el campo, el Sindicato Labrego Galego asegura haber movilizado a un millar de agricultores y ganaderos en Betanzos, Ordes, A Estrada, Vilalba y Ourense.

La evaluación más fría del paro contra el Gobierno de Zapatero llegó de la Xunta. En una escueta nota, la Consellería de Presidencia fijó en un 14,4% el porcentaje de funcionarios de la Administración general y organismos públicos que no compareció en su puesto de trabajo. Los colegios e institutos, a los que acudieron casi más profesores que alumnos, mostraron una indiferencia masiva a la huelga contra la reforma laboral que facilita el despido. De hecho, Xunta y sindicatos admiten que el paro se secundó más en los centros concertados, donde los docentes no son funcionarios. En los hospitales se repitió la misma estampa: bajó significativamente la afluencia de pacientes, pero no la del personal.

Xunta y Gobierno central destacaron el cumplimiento de los servicios mínimos, excepto en el transporte por autobús. Doce personas fueron detenidas por presuntos actos vandálicos y un dirigente de la CIG tuvo que ser atendido en el hospital de Ourense. El delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, descartó "incidentes relevantes": "En general los ciudadanos han podido ejercer tanto el derecho a secundar la huelga como el derecho a acudir a su trabajo". Los empresarios aprovecharon la protesta contra la reforma laboral para reclamar otro cambio en la legislación que limite las acciones de los piquetes.