PSOE y PP pactan que López pueda ir al Constitucional por el Congreso

Una conversación directa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sirvió para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional en el Senado, pendiente desde hace casi tres años. El líder del PP parecía más inclinado hacia la posición que mantenía su portavoz de Justicia, Federico Trillo, muy vinculado a las posiciones de la Conferencia Episcopal, que prefería mantener el bloqueo para utilizar en su favor la mayoría de magistrados favorables a anular la ley del aborto. Esta posición de retrasar la renovación es la que se mantuvo en diversas reuniones internas del partido, en especial la que la cúpula del PP celebró en Toledo a principios de mes para desarrollar la estrategia de oposición para este otoño.

Los nombramientos en el Congreso esperarán al recurso del PP

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Trillo mantenía y mantiene su apoyo al magistrado Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PP en todas las comunidades y excluido por el Senado por no reunir los requisitos de antigüedad exigidos. López, que acude a muchos actos públicos de los populares y en especial del propio Trillo, se ha convertido en uno de los principales enganches de este partido en el mundo judicial, clave para las estrategias de la oposición.

Sin embargo, tras la conversación entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, este aceptó que sus portavoces negociaran una salida, con una solución que teóricamente salva el bloqueo con cesiones de las dos partes y mantiene la posibilidad de que López entre en el Constitucional, algo clave para los equilibrios internos del PP.

La negociación consistió en que, por un lado, el PP cedía y aceptaba cambiar a López por Francisco Pérez de los Cobos entre los designados por el Senado y el PSOE dejaba de vetar al ex portavoz del Consejo, a expensas de lo que diga el propio Constitucional. El PP recurrirá al Constitucional la decisión del Senado de excluir a López y le propondrá en la renovación que debe producirse en noviembre en el Congreso. Cuando el Constitucional falle, con la mayor celeridad posible, los dos grandes partidos actuarán en consecuencia. Para eso, el fallo del Constitucional debe producirse antes de la renovación de noviembre en el Congreso que, obviamente, se demorará sobre esa fecha.

En todo caso, el PSOE habrá conseguido con la renovación inmediata en el Senado que se cambie la actual mayoría. Los socialistas propusieron ayer en la Cámara alta a Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa y el PP a Pérez de los Cobos y a Francisco Hernando, ex presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Hay otro escollo que ya han tratado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y Federico Trillo, que es la necesidad de cambiar la ley del Tribunal Constitucional para subsanar los efectos de la demora sin precedentes de tres años en la renovación. La Constitución establece que el Tribunal se renueva cada tres años por tercios y como la del Senado se ha demorado tres años, si se procede a la del Congreso quiere decir que dentro de nueve años coincidirán ambas renovaciones.

El Gobierno cree que sería conveniente que los magistrados que se renovaran ahora en el Congreso o en el Senado tuvieran establecido un mandato más corto, es decir, de seis años en lugar de nueve. Esa reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional podría aprovecharse también para evitar esta situación en el futuro, haciendo que los mandatos de los magistrados acaban automáticamente, como ocurre, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo, que no puede prorrogar su mandato aunque no haya acuerdo entre los dos grandes partidos. De esa forma se obligaría al PSOE y al PP a buscar acuerdos, sin posibilidad de bloquear las renovaciones para disponer de mayorías más favorables. Para la renovación de cuatro magistrados en el Congreso, fuentes del Gobierno aseguran que se baraja el nombre del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Hace dos años, el PP vetó su nombre para presidir el Consejo General del Poder Judicial y ha mantenido enfrentamientos constantes con los populares, especialmente con Trillo, que le ha considerado responsable de actuaciones contra su partido.

Ahora, el PSOE podría poner sobre la mesa su nombre, una vez que ha aceptado que Enrique López pueda estar en el Constitucional, siempre que se estime el recurso del PP a favor del magistrado.