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Primera huelga general contra Zapatero

Huelga: motivos y efectos

El motivo de los sindicatos para convocar la huelga de ayer era (según su escrito de comunicación) expresar su oposición a las medidas ya adoptadas de ajuste del gasto público y reforma del mercado laboral, y a la prevista de las pensiones. Ayer, tras valorar la jornada como un gran éxito, los líderes de UGT y CC OO instaron al Gobierno a rectificar esas decisiones.

Es improbable que lo haga. En relación al gasto, porque el ajuste fue motivado por la evidencia de que, si no lo hacía, el coste de la deuda (la partida que más ha crecido en los Presupuestos para 2011) metería a la economía española en un círculo vicioso como el que asfixia a la griega. Y más grave que no haber hecho el ajuste sería dar ahora marcha atrás a causa de la huelga. Su efecto sería una mayor pérdida de confianza de los inversores internacionales y Gobiernos centrales de la UE, lo que llevaría a nuevos ajustes. Una teórica alternativa sería subir los impuestos, pero ello replantearía el dilema de fines de 2009 entre mantener los estímulos para sostener empleo y consumo, con el riesgo de desbocar el déficit, o frenar este, al precio de entorpecer la recuperación. Dilema que esos inversores y Gobiernos resolvieron por nosotros.

Más grave que no haber hecho el ajuste sería dar ahora marcha atrás a causa de la huelga

Pero el motivo fundamental de la convocatoria ha sido la reforma laboral. El debate sobre esta cuestión está más abierto, por más que la rectificación gubernamental sea también improbable ante una decisión ya aprobada por el Parlamento. Desde hace más de 15 años, los especialistas vienen preguntándose por qué en los periodos recesivos la economía española pierde más puestos de trabajo, y más rápidamente, que las de otros países, incluso cuando soportan una recesión mayor.

O, visto desde otra perspectiva, por qué en España solo empieza a descender el paro a partir de crecimientos del PIB superiores al 2%, cosa que no ocurre en otros países. A mediados de la década pasada, en Francia se produjo un crecimiento del empleo muy superior al previsto. Explicaba por entonces Le Monde que el acortamiento de la distancia entre relanzamiento de la actividad y repercusión sobre el empleo se debía a las reformas del mercado de trabajo realizadas en el periodo anterior.

El preámbulo del decreto aprobado en junio describía los defectos del mercado de trabajo español (muy conocidos) y los remedios propuestos por la reforma: esencialmente, reforzar las posibilidades de adaptación de la empresa a la situación de crisis mediante reducciones de jornada y rebajas salariales como alternativas al despido. Pero lo más llamativo es la propuesta de rebajar las indemnizaciones por despido como forma de estimular la creación de empleo fijo.

Llamativo, pero no novedoso. Expertos como Samuel Bentolila, J. A Sagardoy y otros llevan muchos años defendiendo que el desfase que se observa en España entre crecimiento económico y creación de empleo a las salidas de la crisis, es consecuencia del temor de los empresarios españoles a comprometerse a contratar trabajadores cuyo eventual despido, ante una recaída, resultaría muy costoso (45 días por año, frente a 30 en Alemania, por ejemplo).

Los primeros intentos de abordar ese problema, especialmente con vistas a la contratación de jóvenes, tuvieron el efecto de una dualización excesiva entre fijos y temporales, estos últimos con un despido de 8 días por año. Esto explica que en torno al 75% de los 2,5 millones de empleos ahora perdidos fueran temporales. La hipótesis de la reforma es que solo con una convergencia de las indemnizaciones de fijos y temporales se estimularían los contratos indefinidos, lo que a su vez se considera esencial para el aumento de la productividad, en la perspectiva de un cambio del modelo productivo.

Pero la verificación de esas hipótesis solo podrá producirse cuando se inicie la recuperación, y mientras tanto lo que se habrá verificado es la parte negativa de la reforma: la equiparación a la baja de las indemnizaciones por despido; y una prueba de lo limitado de la confianza del Gobierno en los efectos de la medida a corto plazo es que los Presupuestos para 2011 no preven un descenso del paro en el ejercicio.

A no ser que se trate de una astucia destinada a sustituir el viejo optimismo presidencial por una nueva versión en la que, partiendo de una previsión muy negativa, sea posible dar buenas noticias cada vez que esos negros augurios no se confirmen; y afirmar, como en una famosa ocasión, que "no estamos tan mal".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de septiembre de 2010