La batalla por la nacionalidad de una profesora venezolana tras casi 40 años en España

La profesora jubilada Estela Carmona de Hanlon ha sido testigo de la historia de España en las últimas cuatro décadas. Desde que puso pie en territorio español a mediados de los ochenta, ha visto el atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987, los Juegos Olímpicos de 1992, el cambio de la peseta al euro en 2002, los atentados del 11-M en Madrid en 2004, la crisis financiera de 2008 o el 15-M, en 2011. Carmona nació en Maracaibo (Venezuela) hace 74 años, pero ya ha vivido más años en España que los que pasó en su país natal. Los últimos cinco, paradójicamente, los ha dedicado a intentar que el Gobierno le conceda la nacionalidad española, pero hasta hace unos días se había encontrado con una respuesta inesperada: no está lo suficientemente integrada. “Este es mi país, por mucho que hasta ahora me lo haya negado el Ministerio de Justicia”, dice desde la casa en la que vive hace más de 30 años en Las Palmas de Gran Canaria, en cuya universidad fue profesora titular de Economía durante esos mismos 30 años.

Consultado por EL PAÍS, el Ministerio de Justicia anunció que revisaría de nuevo el expediente. Antes de la publicación de este reportaje, el ministerio confirmó que ahora había admitido el recurso presentado por Carmona hace cuatro años y que había firmado la resolución por la que se le concede la nacionalidad española.

La resolución que le denegó la nacionalidad, firmada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —dependiente del Ministerio de Justicia—, le llegó el 17 de mayo de 2021, casi un año y medio después de haberla solicitado. El organismo, responsable del estudio de las solicitudes de ciudadanía, rechazó su petición porque la docente “no acredita suficiente grado de integración en la sociedad española”. La Administración reprochaba que Carmona no había justificado el conocimiento básico de la lengua española —que es su lengua materna— en un nivel A2 o superior y que no había presentado la prueba que certifica el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España.

Ella no daba crédito. En realidad, siendo venezolana, la ley le exime de presentar un examen para obtener un diploma de español a la hora de pedir la nacionalidad. Respecto a la prueba de conocimientos, la profesora se ha encontrado con que la literalidad de la norma solo exime de ese examen obligatorio a quien haya cursado la ESO en España, un nivel de formación que presupone cierto conocimiento de las instituciones, valores constitucionales o valores del país. Aunque la docente aportó su título de doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales expedido por la Universidad de Barcelona, un nivel académico muy superior a la secundaria, no le sirvió. Y no le permitieron enmendarlo.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmona fue parte de la plantilla docente desde 1991 hasta su jubilación en 2020. Durante su paso por la institución fue vicedecana de asuntos económicos de la facultad de Ciencias Jurídicas, directora de Internacionalización, dirigió el grupo de investigación Economía Regional y Modelización Económica durante ocho años y fue directora de Relaciones Institucionales. Como tal, cuenta con el título de funcionaria de carrera expedido por la universidad. Además, entre 2007 y 2011 integró el primer Consejo Social de Las Palmas de Gran Canaria, el máximo órgano de participación y consulta de la ciudad. “¿Cómo me puede faltar integración en una sociedad en la que tengo mi casa propia, en la que he vivido casi 40 años, en la que he forjado una trayectoria académica e institucional?”, se pregunta.

Antes de llegar a España, Carmona vivió cinco años en Lancaster (Reino Unido), donde hizo una parte de su formación y se casó con un ciudadano de ese país, por lo que adquirió la nacionalidad británica, que ostenta en la actualidad (el pasaporte y su documentación venezolana no los volvió a renovar). De Lancaster se trasladó con su esposo a Barcelona en 1986 y dos años después tuvo en la ciudad a su hijo, hoy de 36 años, que vive actualmente en Tenerife con su pareja. Después de un breve paso por Valencia se radicaron en Gran Canaria a principios de los noventa. Ella se separó de su esposo y nunca más se fue de la isla. Sus amistades más cercanas están allí, sigue la actualidad política en las islas y se deleita con los potajes de verduras y el sancocho. “Yo soy más canaria que el gofio”, dice, refiriéndose a la harina de cereales tostados típica en Canarias.

En enero de 2020, con el Brexit, se hizo efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con el pasaporte británico no tiene ningún problema para viajar, pero destaca que ese no es su país, que se siente española y admira el proyecto europeo. “Yo pertenezco a este país, esos son mis sentimientos y no me los pueden negar”, defiende. Su hijo también pidió la nacionalidad española al mismo tiempo y la respuesta para él fue la misma, con la excepción de que se le permitió enmendar el expediente y acabó presentándose a las dos pruebas. Por absurdo que pareciese, aunque había nacido en España y vivido en el país la mayor parte de su vida, tuvo que superar el examen de español y el de conocimientos históricos para obtener la nacionalidad.

Una vez Carmona recibió la denegación de la nacionalidad, recurrió esa decisión el 16 de junio de 2021, hace ya casi cuatro años. Durante ese lapso, ha enviado reiteradamente consultas al Ministerio de Justicia para indagar por el estado de su proceso. En la última respuesta que recibió, el año pasado, se le notificaba que, habiendo pasado más de un mes desde que presentó su recurso, este se entendía “desestimado por silencio administrativo”. Carmona acudió al Defensor del Pueblo y en febrero pasado recibió la respuesta. La entidad le notificaba que la Secretaría de Estado de Justicia estaba tardando en responder incluso a esa institución y que la había vuelto a requerir con carácter urgente.

El 31 de enero de este año, EL PAÍS reveló el caso del investigador contra el cáncer Carlos Eduardo Pedreira, de origen brasileño, que acababa de ganarle en los tribunales la batalla por la nacionalidad española al Ministerio de Justicia, después de siete años de lucha para demostrar que está integrado en España. Menos de dos semanas después, Pedro Sánchez le envió una misiva a Pedreira en la que le pedía disculpas por “el complejo y laborioso trámite administrativo y judicial” que había tenido que atravesar para obtener la nacionalidad. En la misma carta, el presidente del Gobierno le decía: “Este hecho, sin duda, debe conducir a una reflexión interna de procedimientos para evitar que un caso como el suyo pueda repetirse”.

Carmona leyó la noticia y supo que el caso del investigador era similar al suyo. El pasado 24 de febrero EL PAÍS consultó al Ministerio de Justicia por el caso de la profesora y las incongruencias en su trámite. Esa cartera respondió que revisaría el expediente y, finalmente, el jueves 20 de marzo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó la resolución por la que le concede la nacionalidad.