El PP descarta el pacto energético con el Gobierno tras la subida de la luz

Los consumidores cuestionan el encarecimiento del recibo en un 4,8% y acusan al Ejecutivo de haber incrementado los precios un 30% en tres años

La búsqueda de un pacto de Estado en materia energética paralizó la revisión de las tarifas eléctricas en el pasado mes de julio. Tres meses después, sin que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, haya obtenido frutos en el intento de cerrar un acuerdo con el Partido Popular, la balanza se ha inclinado a favor de las empresas.

Las eléctricas han visto, aliviadas, cómo el Gobierno accedía a subir los recibos de más de 20 millones de hogares en plena crisis y por segunda vez en el año. Consecuencia: el PP, según aseguró ayer su portavoz económico, Cristóbal Montoro, descarta pactar con el Gobierno. Mientras, los consumidores cargan contra el Ejecutivo y también contra las compañías por impulsar una subida en el año cercana al 10% si se suma el alza de enero (2,64%), el incremento del IVA en julio y la última subida del 4,8%, prevista para octubre.

La patronal eléctrica asegura que el aumento no contendrá el déficit
Un consejero de la CNE cifra en 700 millones el fraude fotovoltaico

Sobre el pacto, Montoro aseguró que, "tal y como están las cosas", y a la vista de la próxima subida de tarifas de la luz, su formación no ve "posible" un acuerdo energético, afirmó en una entrevista con RNE. "Lo veo cada vez más imposible. Nosotros dijimos que no pactaríamos una subida de la tarifa eléctrica porque es muy negativo para la crisis, para la capacidad de competir de muchas empresas, de los autónomos y pymes, y estábamos dispuestos a hablar de los costes de lo que aportan las diferentes fuentes de energía", añadió.

Para Montoro, "el Gobierno está en un callejón sin salida" en su política tarifaria. "Ahora está todo abocado a una nueva subida, y después vendrá otra a partir del 1 de enero, y en una situación así se hace imposible este pacto", aseguró.

Desde el lado de los consumidores, las críticas subieron de tono. Según Facua-Consumidores en Acción, con la subida del 4,8% en la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), este suministro acumula ya un encarecimiento superior al 30% en los últimos tres años. La asociación considera que Industria "se pliega" a los intereses empresariales y lo hace "a costa de lesionar los intereses económicos y los derechos de los usuarios". La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) también hizo cuentas: teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2010, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los salarios se incrementaron un 0,4%, la subida de la luz multiplica por 25 la de los sueldos medios. UCE y OCU también cuestionaron la decisión de Industria.

Por su parte, desde el lado de las empresas, hubo contención. La asociación patronal del sector, Unesa, aseguró que la subida no es suficiente para contener el déficit de tarifa, que este año podría situarse entre 4.500 millones de euros y 5.000 millones de euros.

Sobre una cuestión ligada precisamente al déficit, la retribución a la energía fotovoltaica, se pronunció el consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Luis Albentosa. Según el voto particular del consejero en el informe del organismo sobre el decreto aprobado por Industria para retribuir a las renovables, en el sector fotovoltaico se podría haber producido una "repotenciación fraudulenta" para engordar el cobro de primas que podría ascender a 1.700 millones en un periodo de dos años.

El consejero pide al Ejecutivo que no apruebe el decreto hasta que se hayan "depurado las responsabilidades".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 24 de septiembre de 2010.

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