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"No somos una comarca basura"

Una manifestación reclama en Valencia que el ATC no se instale en Zarra

Después de extender su protesta por el Valle de Cofrentes (incluida la central nuclear) y Madrid, ayer le llegó el turno a Valencia. Medio millar de personas, entre miembros de asociaciones ecologistas, colectivos ciudadanos y vecinos del Valle de Ayora y La Manchuela, recorrieron las calles de Valencia para mostrar su rechazo contra la instalación en Zarra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Entre ellos, se encontraban la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz; la diputada de Compromís Mònica Oltra; el ex diputado verde Carles Arnal, o el concejal socialista Juan Soto. También José Escribá, de 70 años, uno de los vecinos llegados de Ayora en los dos autobuses fletados para la ocasión. "Ya me manifesté en contra de la central nuclear y ahora lo hago contra el cementerio de residuos".

Los manifestantes se concentraron en la calle de Colón, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, y recorrieron el centro de la ciudad hasta llegar al Palau de la Generalitat coreando lemas como Ya tenemos la central, no queremos más, No somos una comarca basura, o No nos engañéis, trabajo no daréis. El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrents, José Juan Sanchis, indicó que la protesta tenía la intención de "quemar el último cartucho" ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros decida hoy el municipio en el que se instalará el ATC.

Mientras la Cámara de Comercio de Valencia ha apostado por la inversión que supondrá la llegada del ATC a Zarra y las patronales catalanas defienden la candidatura de Ascó, la Fiscalía de Valencia estudia la apertura de diligencias de investigación penal tras recibir una denuncia por supuestos delitos de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias. La denuncia relata los intereses de una empresa vinculada familiarmente con el vicepresidente Juan Cotino y relacionada con la compra y recalificación de los terrenos donde iría el almacén, un proceso que los denunciantes tildan de poco transparente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de septiembre de 2010