El tripartito compromete inversiones de 6.400 millones sin aclarar su financiación

Las industrias, los agricultores y parte de los Ayuntamientos catalanes, mayoritariamente los gobernados por CiU, se alzaron ayer en contra del plan de gestión del agua, hoja de ruta sobre la política que Cataluña debe seguir en relación con los recursos hídricos en los próximos cinco años. La escenificación de su rebelión fue el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA), en el que tienen mayoría los representantes de la Generalitat. Así, el consejo logró sacar adelante dicho plan con 19 votos a favor y siete en contra, pero la resistencia de buena parte de los usuarios del agua fue llamativa. La principal razón que esgrimieron para votar en contra fue "el desacuerdo con la aprobación de un proyecto con elevadas inversiones sin que se garantice soluciones económicas para afrontarlas", explicaron fuentes empresariales representadas en la ACA.

El Gobierno catalán ha avanzado 2.300 millones en inversión en infraestructuras

Las inversiones del plan entre 2010 y 2015 ascendían a 9.400 millones, pero esta cifra ha encogido a 8.700 millones por el recorte de inversiones del plan de regadíos. A esa cifra hay que restarle los 2.300 millones de euros de inversión ya ejecutada que el tripartito ha avanzado para aumentar la disponibilidad de agua en 122 hectómetros cúbicos en los últimos dos años. Pero quedan 6.400 millones que, si el Gobierno catalán da luz verde al plan justo antes de las elecciones, heredará como compromiso el siguiente ejecutivo sin que esté decidido cómo ni quién pagará esa factura, máxime teniendo en cuenta la situación límite en la que se encuentran las entidades que conforman la Administración hidráulica de Cataluña (la ACA y Aguas Ter Llobregat). En total, finalizarán este año con una deuda de 2.200 millones de euros.

Todos los grupos políticos, incluidos los que gobiernan, admiten que la situación financiera es explosiva. CiU reclamó ayer al Gobierno catalán que no apruebe el plan y que permita que lo retome el que salga de las elecciones autonómicas del 28 de noviembre, al no estar garantizada la financiación.Pero, más allá del horizonte electoral del 28-N, el diputado de CiU Ramon Espadaler esgrimió otros dos motivos para exigir al Gobierno de José Montilla que congele el plan del agua: el mencionado voto en contra de una parte importante de usuarios del agua, "que debería hacer reflexionar al Gobierno catalán", y la situación financiera de la Agencia Catalana del Agua, de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y de los propios ayuntamientos, "ya que una parte de la factura también recaerá en ellos". Para Espadaler, la prioridad debe ser "el saneamiento de la ACA, sin el que el plan sea papel mojado".

En contra del plan se pronunciaron las patronales Pimec y Fomento del Trabajo, y el Consejo de Cámaras, además de los representantes de los usos agrarios Unió de Pagesos y JARC, y los de la Asociación Catalana de Municipios, que reúne a la mayoría de las localidades gobernadas por los nacionalistas. La Federación Catalana de Municipios, mayoritariamente de izquierdas, se pronunció a favor del plan, como las asociaciones de vecinos.

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda explicó que el plan fue votado después de encajar 144 alegaciones. El consejero Francesc Baltasar consideró la elevada cifra "un indicador positivo que pone de manifiesto que el país se interesa por el agua y no ha olvidado la sequía". Su departamento admitió que una de las alegaciones más reiteradas se resume en "la preocupación por hacer posible la inversión del programa [de actuaciones que acompaña al plan] y por que la repercusión de los costes asociados a la gestión de las infraestructuras del ciclo del agua se haga de forma razonable e implique responsablemente a las administraciones y a los usuarios". Es decir, que los costes se repartan bien.

Por lo que respecta a las inversiones -de los citados 6.400 millones, 3.100 le corresponden a la Generalitat y el resto a los distintos usuarios del agua, como payeses, industrias, ayuntamientos y consumidores-, el plan plantea dos vías posibles de financiación. Por una parte, dinero procedente de la disposición adicional tercera del Estatuto, la que en siete años debe permitir que el Estado compense su déficit inversor histórico con Cataluña blindando que, de todos los recursos estatales para infraestructuras, se destine a la comunidad catalana el equivalente al 18,7% (el peso de la economía catalana en la española). El Gobierno central se ha comprometido a cumplir con esta disposición pese a la crisis, pero la tarta de los recursos que repartir menguará por causa de ella y está por ver cuánto dinero llega.

La otra vía es un nuevo contrato programa entre la ACA y el futuro Gobierno de la Generalitat. El que existe data de 2006 y cubre hasta el próximo diciembre. Además, se ha incumplido por los recortes presupuestarios.

El plan de gestión del agua considera "insostenible" el actual modelo de financiación y reclama "nuevos instrumentos". Lo que cuesta explotar el ciclo del agua solo se cubre en un 68% con los ingresos por las tarifas que pagan los consumidores. La ACA estima que estos costes se situarán al menos en 3,02 euros por metro cúbico en 2015, el 77% más que ahora. Eso no significa que el recibo vaya a subir el 77%. Pero en la revisión global del modelo de financiación se avecina una subida del agua "de forma gradual y consensuada".

La moción de CiU aprobada por todos los grupos excepto el PP antes del verano, que ayer hizo suya Baltasar, recoge la necesidad de un plan para contener la deuda, un nuevo programa, más dinero del Estatuto y "una recuperación de costes gradual" para el usuario sin que afecte a las economías domésticas ni la competitividad empresarial. La cuadratura del círculo.