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El PP tramita iniciativas sobre el 'caso Gürtel' obligado por el Constitucional

"La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.

En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.

La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".

La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".

Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.

Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".

La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de septiembre de 2010