Y ahora, ¿cómo llego al colegio?

Encarni Marticoreno lleva a todos lados la copia de un plano de Google Maps. De su casa al colegio de sus niños hay dos kilómetros. El metro está a siete calles, la parada del autobús urbano a cuatro. En medio, una explanada. La señala con indignación: "Es un descampado horrible, en invierno hace mucho frío". La mujer, con un hijo de cuatro años y un nieto de nueve, se va a pasar todo el curso en el bus. Ocho viajes al día para llevar y traer a los chavales de clase, cargados con las mochilas "que cada año pesan más". Este curso no tiene beca de comedor y la Consejería de Educación ha eliminado la ruta de transporte escolar que funcionaba desde hace más de una década en el colegio Doctor Severo Ochoa (Vicálvaro).

"Acabaré poniendo un hornillo en la puerta del colegio para cocinar a mediodía", bromea la mujer, que lleva semanas pidiendo firmas, exhibiendo pancartas y llamando a todas las puertas con algunas de las 23 familias afectadas. No son los únicos. En junio empezó una campaña regional de recogida de firmas y envío masivo de cartas a la presidenta de la Comunidad. Este curso se eliminarán 150 rutas escolares, según denuncia la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, mayoritaria en el sector público.

"Es incomprensible que bajen las rutas mientras aumentan los alumnos, hemos hecho presión y seguiremos haciéndola", anuncia su presidente, José Luis Pazos. Según su estimación, este curso se perderá el 24% de las rutas, en un servicio a la comunidad educativa que sufre mermas cada año desde hace dos cursos (ver gráfico). La Consejería de Educación, que no ofrece estimaciones, asegura que mantendrá "todas las rutas que se ajusten a la normativa vigente". Lo cierto es que, con la normativa regional en la mano, casi no debería quedar ninguna.

La orden que regula el servicio de transporte escolar, de 2005 y modificada en 2007, establece que solo tienen derecho al transporte los alumnos escolarizados "en un municipio distinto al de su residencia" y achaca a "una vis expansiva" el incremento del servicio a otros colectivos "no previstos en la ley". Como una premonición de los recortes, el texto distingue entre rutas "legales" y las que disfrutan otros alumnos "sin tener derecho legalmente exigible".

Los dos hijos de Bibiana León están, como los de Encarni, en ese segundo grupo sin derechos adquiridos. Y eso, a pesar de que fue la Administración la que los envió de Valdebernardo al colegio Severo Ochoa de Vicálvaro (1,5 kilómetros) porque no había sitio en el centro de al lado de casa. Hasta el curso pasado viajaron en el autobús escolar que ya no funcionará. Bibiana calcula que, entre comedor y abonos de transporte, gastará unos 350 euros al mes. Y está en paro. Muestra una carta que recibió la semana pasada: "Me ofrecen llevar a la niña a Valdebernardo y al niño a Moratalaz, esa no es una solución", protesta.

"Y luego está lo del autobús", añade María Rico. Se refiere a la ruta del 130, el bus urbano que cubre el recorrido de sus casas al colegio. Está reforzado con mamparas de seguridad para los conductores y pasa cerca de Las Barranquillas, lugar asiduo para los drogadictos. "¡Cómo voy a meter ahí a mis hijos!", dice. Ella también hará ocho viajes al día.