Análisis:Análisis
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El Estado, en almoneda

La negociación entre Rodríguez Zapatero y el PNV para que este partido apoye los Presupuestos Generales para 2011 revela que en España la configuración de los poderes del Estado se ha convertido en un zoco, en el que no importa lo conveniente para que el sistema sea coherente y eficaz, sino lo que en cada coyuntura política interesa a los partidos que gobiernan, que, al parecer, se reduce a conservar el poder a toda costa. Sólo así se explica que, más de 30 años después de promulgarse la Constitución y de aprobarse el Estatuto vasco, las transferencias sigan siendo una moneda de cambio para lograr apoyos políticos puntuales, por importantes que éstos sean. Y esta anomalía está siendo llevada al paroxismo por Rodríguez Zapatero.

La configuración de los poderes del Estado se ha convertido en un zoco
Al Gobierno vasco le corresponde ser el único interlocutor del de la nación
Ya el pasado año Rodríguez Zapatero hizo algo insólito e inadmisible
En democracia existen unos usos y reglas que se deben respetar

Cuando el presidente del Gobierno anuncia que está dispuesto, para obtener el apoyo del PNV, a pactar nuevas transferencias dentro del marco estatutario, incurre en la más flagrante desviación de poder y subvierte las bases esenciales y los principios que inspiran al Estado autonómico. Con esa declaración Rodríguez Zapatero viene a reconocer que la formalización de esas transferencias pendientes, así como su contenido o valoración, puede depender de que llegue a un acuerdo con el PNV.

Cualquier estadista que merezca tal calificativo debe saber que el transferir las competencias es algo obligado si las mismas se integran en lo previsto en el Estatuto, y que el uso del artículo 150.2 de la Constitución sólo es lícito si el resultado conviene a la mejor organización y funcionamiento de los poderes públicos, para beneficio de los ciudadanos españoles en su conjunto.

Lo que no se puede admitir es un desarrollo constitucional y estatutario condicionado por el juego de alianzas políticas, que agrave las asimetrías inevitables y originarias del Estado autonómico previsto en la Constitución, en el que de manera inaudita el pacto se cocine con un partido de la oposición en vez de con el Gobierno vasco, a quien por ley le corresponde ser el único interlocutor del Gobierno de la nación, y que el cauce elegido sea el de la negociación presupuestaria en vez del establecido en el Estatuto.

Ya el pasado año Rodríguez Zapatero hizo algo insólito e inadmisible: para obtener sus votos otorgó al PNV un derecho de veto, por un año, de las transferencias sobre política de empleo que el Gobierno vasco había negociado. Nunca se había dado una violación estatutaria y un desaire a un Gobierno autonómico de tal calibre. Si ahora el buen fin de la negociación con el PNV dependiera de la transferencia de determinadas competencias, con un determinado contenido o valoración, no sólo estaríamos ante un uso torticero del poder, sino que además se enviaría un mensaje desolador a quienes creen en el cambio político en Euskadi: el Gobierno vasco no pinta nada; ni siquiera sabe valorar las competencias a recibir; la normalización democrática y el cambio político en Euskadi ceden ante la necesidad de Rodríguez Zapatero de agotar su legislatura; y quien manda de verdad aquí es el PNV, el único que defiende los intereses de los vascos y obtiene resultados tangibles.

Si para lograr el apoyo del PNV hubiera que poner en almoneda al Estado, y de paso lanzar un torpedo letal al proceso de cambio en Euskadi, más valdría que Rodríguez Zapatero convocara elecciones generales, sin excusarse por la crisis económica actual, que probablemente se resolvería mejor, como en el Reino Unido, después de las mismas.

Cuando un presidente tiene que cambiar radicalmente el programa con el que se presentó a las elecciones, por el que fue votado e investido; cuando está tan aislado que sólo resistiría a base de pagar un precio exorbitante al PNV, comprometiendo la estructura del Estado, algo que en todo país democrático sensato queda al margen de lo negociable en unos presupuestos; cuando precisamente la difícil situación económica exige un Gobierno fuerte; cuando todo ello ocurre, es cuando más se necesita que los ciudadanos se expresen en las urnas. En democracia existen unos usos y reglas que, aún no escritas, se deben respetar, como la de dar la palabra a los ciudadanos si el escenario político actual y su futuro inmediato son radicalmente distintos de los que se percibían cuando en 2004 fueron elegidos el Congreso y el Senado, y si el presidente defiende y propone lo contrario de lo que ofrecía y aseguraba todavía hace pocos meses.

Si a un secretario general se le puede disculpar que actúe en términos de conveniencia partidaria, el presidente de cualquier Gobierno democrático sólo puede decidir y actuar desde la ética de la responsabilidad, en función de lo que en cada momento conviene a la nación y a los ciudadanos. Y el cumplimiento de esta exigencia democrática no puede demorarse o soslayarse, si para ello hubiera que ceder a las exigencias de un partido minoritario y nacionalista, al que poco o nada le importa defender una Constitución y un Estatuto en los que no cree, concediéndole lo que negaba ayer al Gobierno vasco.

Si eso sucediera, el daño a los fundamentos de nuestro Estado democrático sería tan considerable e irreparable como la desolación y la frustración que experimentarían quienes apoyan al Gobierno vasco y al lehendakari López, y aun mantienen la ilusión de que el cambio que lidera se consolide en el País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 05 de septiembre de 2010.