Inflexión en el déficit

El déficit del Estado se ha reducido casi a la mitad en los primeros siete meses del año. Las cifras de julio, mes en que se logró superávit, muestran que el drástico plan de ajuste aprobado por el Gobierno ante la creciente presión de los mercados, junto con las medidas de consolidación fiscal incluidas en el presupuesto, están dando sus frutos. Las buenas noticias llegan tanto del lado de los ingresos como de los gastos, aunque la inflexión en el déficit no es tan espectacular como aparenta, ya que diversos factores distorsionan el saldo.

En cuanto a los gastos, el capítulo de remuneraciones de los empleados públicos empieza a caer con fuerza en términos de contabilidad nacional por la bajada de sueldos de los funcionarios. El menor gasto corriente, el tijeretazo en las inversiones y las menores transferencias permiten que el gasto caiga en la comparación interanual. Y del lado de los ingresos, la combinación de la mejora económica con las medidas fiscales impulsan la recaudación en casi todos los impuestos, siendo la casi única excepción el de sociedades.

En el IRPF juegan su papel la supresión de la deducción de 400 euros para la mayoría de los contribuyentes y el aumento de la retención a las rentas de capital, pero también el distinto ritmo de ejecución de las devoluciones de Hacienda. En el IVA, se nota la mejora económica, pero el alza de la recaudación está inflada por el anticipo de las compras ante la subida del impuesto y por el diferente juego de devoluciones y aplazamientos.

Otro factor que distorsiona la comparación -y que tiende a mostrar una reducción del déficit mayor que la real- es el sistema de financiación autonómica, ya que las comunidades recibieron de más por IRPF, IVA e impuestos especiales en 2009, engordando el déficit estatal. Ahora, las comunidades no solo deben lo recibido de más sino que, pese a la mejora de la financiación, ven caer sus ingresos.

El Estado va camino de lograr el objetivo de reducir el déficit del 9,5% al 5,9% del PIB en el conjunto de 2010. Pero parte del problema se traslada a los entes territoriales. Por eso es especialmente grave que las comunidades no publiquen con premura sus cifras de ejecución presupuestaria. Más transparencia y una mayor credibilidad de la política del Gobierno -evitando vacilaciones sobre aumentos del gasto en ciertas partidas- tal vez ayudarían a reducir la exagerada prima de riesgo que aún paga España por su deuda.