Corredor se enfrenta a las autonomías por el recorte de ayudas a vivienda

La ministra de Vivienda va a tener un complicado retorno de las vacaciones. Además de la vuelta al trabajo y la dura negociación para los muy austeros Presupuestos del próximo año, Beatriz Corredor tendrá que reunirse con unas comunidades autónomas levantadas en pie de guerra por los recortes anunciados al principio del verano.

En la primera quincena se celebrarán las reuniones técnicas, que precederán a los encuentros bilaterales entre el ministerio y los consejeros de vivienda. Corredor se agarrará a que las dos únicas prioridades de su departamento son ahora la rehabilitación y el alquiler. Y que el resto de políticas, por culpa del rigor presupuestario, son prescindibles.

Como por ejemplo, las ayudas a la entrada para comprar un piso, de las que se beneficiaron el año pasado casi 30.000 familias. Esta partida, que en 2009 absorbió más de 300 millones de euros de los presupuestos del ministerio, desaparecerá a partir del próximo 1 de enero.

Casi 30.000 familias recibieron en 2009 la ayuda directa para la entrada

Suponiendo que la petición de subvenciones siguiera más o menos estable en los próximos dos años -periodo que le queda de vigencia al actual plan estatal de vivienda-, el tijeretazo impediría que más de 50.000 ciudadanos de rentas bajas o medias disfruten de entre 5.000 y 12.000 euros de entrada al comprar un piso protegido.

Las comunidades autónomas ya dejaron clara su disconformidad con este y otros ajustes el pasado 27 de julio. Andalucía, del mismo color político que el Gobierno central, fue de las más duras. Incluso intervino el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para criticar una decisión tan "drástica". "Esto no se puede hacer de la noche a la mañana", aseguró Griñán, justo antes de pedir a la ministra Corredor un periodo transitorio para suprimir las subvenciones. Griñán se reunió el pasado lunes con el presidente del Gobierno para tratar este y otros asuntos, pero no consiguió arrancar a Zapatero en La Moncloa un "compromiso firme" sobre el mantenimiento de las subvenciones a la compra y promoción de VPO.

No es de extrañar el enfado andaluz, ya que esta comunidad es la que más ayudas recibe para la compra. De los 306 millones que el año pasado se gastó el Gobierno para subvencionar la entrada, Andalucía recibió más de 63. Es decir, uno de cada cinco euros. La consejera Rosa Aguilar ha convocado a empresarios, sindicatos y a los municipios andaluces para preparar una respuesta conjunta para la reunión de septiembre con la ministra.

Los responsables políticos de Cataluña tampoco se muerden la lengua. El consejero Francesc Baltasar, de ICV, consideró "muy erróneo" el planteamiento del ministerio. Este ahorro, señaló, irá "en perjuicio" de la calidad de vida de los ciudadanos y contra "la reactivación del sector".

El Gobierno valenciano calcula que las medidas del ministerio perjudicarán a 23.000 familias de esa comunidad. Los promotores inmobiliarios y los sindicatos también han criticado con dureza el plan. El ministerio replica que está abierto a las propuestas que les presenten las comunidades en septiembre, y que los recortes se adoptarán con "flexibilidad".

La ayuda estatal a la entrada -que hasta su eliminación el próximo 31 de diciembre se concede en función de unos baremos de ingreso y de determinadas circunstancias- no es la única que desaparece. El ministerio anunció que cancelará a partir de 2011 la ventanilla única a través de la que da a conocer sus políticas y la subvención a los promotores para urbanizar o adquirir suelo.

También tiene previsto reducir en un 40% la ayuda para la promoción de vivienda nueva en alquiler. Dentro de los más de 165.000 objetivos de ayuda a la vivienda convenidos con las comunidades para el próximo año, la promoción de pisos protegidos de nueva construcción en alquiler asciende a 13.306. Estas son las ayudas que Corredor recortará. Pero no rebajará el número de actuaciones, sino su cuantía. Así, si Vivienda se gastó el año pasado 150 millones en esta partida, en 2010 desembolsará 90.

Además, el ministerio eliminó con carácter inmediato la Reserva de Eficacia, el fondo que permitía a las comunidades financiar los objetivos convenidos una vez agotados los recursos; y compensa el pago de las nuevas ayudas con los fondos ya transferidos y no justificados por parte de las autonomías. El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20% de los 1.400 millones de recursos del ministerio este año, mientras que los pagos sin justificar a las comunidades alcanzan los 628 millones.

La cuantía del recorte final se determinará a la vuelta del verano, cuando se elaboren los Presupuestos Generales del Estado.