Such enfría la tensión y asegura que pagará a los 1.800 dependientes
Los empresarios dicen ahora que no se cerrará ningún centro de mayores
Bastó una llamada de la consejera de Bienestar Social, Angélica Such al presidente de la patronal de residencias de mayores, Alberto Giménez, para enfriar la tensión de los últimos días y acabar con los mensajes catastrofistas. La Generalitat no dejará a 1.800 usuarios en la calle, como había advertido Aerte a finales de la semana pasada. Ayer los empresarios de residencias cambiaron de discurso y transmitieron un mensaje de "seguridad y tranquilidad" a los mayores. "Podrán seguir recibiendo los servicios sin ninguna alteración".
La junta directiva de Aerte (la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana) anunció, tras mantener una reunión, que Angélica Such se había comprometido a renovar el contrato de estas 1.800 plazas y que esperaban que el acuerdo se cerrara durante la reunión que mantendrán ambas partes el próximo miércoles.
La polémica saltó a raíz de que distintas residencias comunicaran a sus usuarios la semana pasada que tendrían que abandonar el centro en septiembre. El motivo era que la Generalitat les había transmitido a los centros que existía la posibilidad de que por motivos presupuestarios no se renovaran los contratos y, por ello, desapareciera la subvención del 80% de la plaza a los mayores. Ayer, fuentes de Bienestar Social negaron que la consejera hubiera dicho que no había presupuesto para el contrato, que se renueva cada tres meses y que todo se debía a un "malentendido".
No es ningún secreto que el Consell pasa por una situación extraordinariamente delicada en lo que respecta al pago de sus compromisos financieros. Sin embargo, también es cierto que las empresas del sector de las residencias tienen miles de plazas vacías -hasta 4.000 según Aerte- y su salvación pasa por el incremento de los conciertos o del precio de la plaza que paga la Administración, por lo que distintas fuentes apuntan a que estas maniobras tratan de presionar a Bienestar Social para que acceda a sus intereses.
La consejería no contempla aumentar los conciertos. La demanda de los usuarios de la ley de Dependencia no se dirige a ingresar en centros, sino a obtener la prestación económica que se ofrece para cuidar al dependiente en casa. Además, no se puede decir que haya pocos dependientes en residencias. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que tiene más beneficiarios ingresados en estos centros, un 32%, el doble de la tasa estatal.
Tampoco parece viable un aumento de precio cuando, precisamente, la Administración paga más por estas 1.800 plazas que por buena parte de las restantes 18.000 concertadas mediante otras fórmulas.
El enfado de las residencias 'mimadas'
Las residencias que están poniendo el grito en el cielo y que acusan a Bienestar Social de querer ahogarlas financieramente y dejar a 1.800 usuarios en la calle son las mismas que años atrás, cuando el responsable del departamento era el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, más se beneficiaron de las políticas de la consejería de impulso al concierto de plazas en residencias de mayores con centros privados.
Todas estas empresas forman parte del programa de accesibilidad social, un concurso de construcción de centros que se ideó a finales de la década pasada para poner en el mercado 9.000 plazas, de las que la Generalitat se comprometió a ocupar el 33%. Años más tarde, en 2008, con Cotino en Bienestar Social, el Consell eliminó la barrera del 33% y concertó otras 1.800 plazas (las que se han puesto de actualidad) en unas condiciones ventajosas para estas empresas.
No solo se multiplicaron las estancias subvencionadas -hasta el 180% en el caso del grupo Savia, por entonces ligado a la familia de Cotino-. También estaban mejor pagadas por la Generalitat que los conciertos normales (el bono, por ejemplo).
El cambio de rumbo de la política anterior -en parte por la falta de fondos del Consell para impulsar los conciertos, en parte porque muchos mayores prefieren los cuidados de un familiar a ir a una residencia- está detrás del enfado de las empresas, según fuentes del sector consultadas.
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