Such enfría la tensión y asegura que pagará a los 1.800 dependientes

Bastó una llamada de la consejera de Bienestar Social, Angélica Such al presidente de la patronal de residencias de mayores, Alberto Giménez, para enfriar la tensión de los últimos días y acabar con los mensajes catastrofistas. La Generalitat no dejará a 1.800 usuarios en la calle, como había advertido Aerte a finales de la semana pasada. Ayer los empresarios de residencias cambiaron de discurso y transmitieron un mensaje de "seguridad y tranquilidad" a los mayores. "Podrán seguir recibiendo los servicios sin ninguna alteración".

La junta directiva de Aerte (la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana) anunció, tras mantener una reunión, que Angélica Such se había comprometido a renovar el contrato de estas 1.800 plazas y que esperaban que el acuerdo se cerrara durante la reunión que mantendrán ambas partes el próximo miércoles.

La polémica saltó a raíz de que distintas residencias comunicaran a sus usuarios la semana pasada que tendrían que abandonar el centro en septiembre. El motivo era que la Generalitat les había transmitido a los centros que existía la posibilidad de que por motivos presupuestarios no se renovaran los contratos y, por ello, desapareciera la subvención del 80% de la plaza a los mayores. Ayer, fuentes de Bienestar Social negaron que la consejera hubiera dicho que no había presupuesto para el contrato, que se renueva cada tres meses y que todo se debía a un "malentendido".

No es ningún secreto que el Consell pasa por una situación extraordinariamente delicada en lo que respecta al pago de sus compromisos financieros. Sin embargo, también es cierto que las empresas del sector de las residencias tienen miles de plazas vacías -hasta 4.000 según Aerte- y su salvación pasa por el incremento de los conciertos o del precio de la plaza que paga la Administración, por lo que distintas fuentes apuntan a que estas maniobras tratan de presionar a Bienestar Social para que acceda a sus intereses.

La consejería no contempla aumentar los conciertos. La demanda de los usuarios de la ley de Dependencia no se dirige a ingresar en centros, sino a obtener la prestación económica que se ofrece para cuidar al dependiente en casa. Además, no se puede decir que haya pocos dependientes en residencias. La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que tiene más beneficiarios ingresados en estos centros, un 32%, el doble de la tasa estatal.

Tampoco parece viable un aumento de precio cuando, precisamente, la Administración paga más por estas 1.800 plazas que por buena parte de las restantes 18.000 concertadas mediante otras fórmulas.