Reformas y recortes

En la reunión que, con vistas al nuevo curso, celebra hoy el presidente Zapatero con los ministros del área económica estarán sobre la mesa (aparte de los Presupuestos) las reformas de las pensiones y del mercado laboral. Tales reformas eran seguramente necesarias en todo caso, pero es interesante recordar que formaron parte del paquete destinado a dar seguridades a los mercados de la voluntad de reducir el déficit público con actuaciones sobre las principales partidas del gasto: además de los sueldos de los funcionarios y las obras públicas, el gasto social en pensiones y en ayudas a los desempleados.

En los últimos días, el ministro de Trabajo ha agitado las aguas con una propuesta de elevar a 20 años el periodo para calcular la pensión, que ahora es de 15 años. Aunque se han adelantado otras razones que podrían hacer aconsejable esa medida, un dato esencial es que la aplicación del criterio sugerido supondría un recorte del 3,6% en la pensión media. Es decir, un ahorro para las arcas públicas.

La otra reforma, la laboral, superó ayer el trámite de su pase por el Senado y se votará definitivamente el 9 de septiembre en el Congreso. De nuevo, como en su primera votación en la Cámara baja, el proyecto contó con la abstención del PNV y CiU, aunque con el apoyo esta vez de Entesa y el Grupo Mixto. No hubo variaciones esenciales en relación al despido objetivo: prácticamente en todos los casos las empresas podrán despedir con indemnización de 20 días cuando se registren situaciones de "pérdidas actuales o previstas".

El debate en el Senado ha acabado derivando hacia un tema relativamente marginal, pero relacionado también con el criterio de disminución del gasto: la reducción de 100 a 30 días del plazo en el que los parados podrán rechazar incorporarse a cursos de formación sin penalización en las prestaciones. El PSOE quería que no hubiera ningún plazo: que fuera obligatorio asistir para percibir la prestación. Finalmente todos, incluido el PP, aprobaron una enmienda que flexibiliza ese criterio.

Seguramente la resistencia a incorporarse a esos cursos está relacionada con el empleo sumergido, lo que podría justificar la exigencia. Pero en el debate han aparecido otros posibles motivos, como la ineficacia de los servicios públicos de empleo para ofrecer oportunidades de capacitación adecuadas al perfil profesional de los parados; o para dar ocasión de formarse para otras actividades con más futuro.