La prensa argentina, en el punto de mira

En su vocación por el eterno retorno al pasado, en Argentina se discute en estos días, desde la cima misma del poder, si la libertad de prensa debe ser como lo es en el mundo civilizado. Es decir, si debe existir -o no- la libre expresión del periodismo independiente. En los casi 27 años que pasaron desde la restauración democrática, ese debate no se dio nunca con la gravedad de ahora. Desde que el matrimonio Kirchner perdió las elecciones legislativas de mitad de mandato, el 28 de junio del año pasado, la ofensiva oficialista contra la prensa ha crecido con un ritmo tan constante como peligroso. Sin embargo, nunca como en estos días el kirchnerismo argentino se pareció tanto al chavismo venezolano.

Nunca como en estos días el kirchnerismo argentino se pareció tanto al chavismo venezolano

En el último año, el periodismo argentino debió enfrentarse con intensas campañas gubernamentales de descalificación, mediante calumnias difundidas por la televisión y la radio supuestamente estatales. A ese conglomerado mediático se le sumó una acumulación no menor de medios creados recientemente por empresarios enriquecidos durante el kirchnerismo. Una ley de medios, suspendida en su aplicación por la justicia, concentró en el Gobierno el poder de decisión sobre la radio y la televisión; también ignoró los derechos adquiridos de sus actuales propietarios. Grupos fanáticos del kirchnerismo han sometido a conocidos periodistas a la persecución callejera.

A pesar de todo eso, el combate central contra la prensa independiente argentina comenzó el martes último con una durísima ofensiva oficialista contra los dos principales diarios argentinos, La Nación y Clarín. La presidenta Cristina Kirchner usó durante más de una hora la cadena nacional de radio y televisión para contar una historia falaz sobre la adquisición de la empresa Papel Prensa, la principal productora argentina de papel para diarios, por parte de aquellos dos diarios. Cristina Kirchner anunció que su Gobierno iniciará una causa judicial contra los diarios y prometió un proyecto de ley, que enviará al Congreso, para establecer el control político sobre la producción de papel.

La argumentación del kirchnerismo asegura que la compra de Papel Prensa se hizo bajo persecución y torturas, durante la última dictadura militar, de la familia Graiver, que era la anterior dueña de la empresa. La familia Graiver sufrió, en efecto, el secuestro, la prisión ilegítima y los más incalificables tormentos durante el gobierno de los militares. Sucedió en el año 1977. En agosto de 1976, el jefe del grupo económico de la familia, David Graiver, murió en un accidente de avión en México. El banquero David Graiver manejaba, según se supo mucho después, recursos financieros del grupo armado Montoneros. La prensa argentina debió callar menos y decir más durante la última dictadura militar. Pero no fue cómplice de violaciones de los derechos humanos.

Los diarios La Nación, Clarín y La Razón (este último vendió luego sus acciones) compraron Papel Prensa a los herederos de David Graiver el 2 de noviembre de 1976, casi cinco meses antes de que esa familia cayera bajo la garra de los militares. Nadie, ni la propia familia Graiver, conocía la existencia de problemas entre los jerarcas uniformados y los herederos de David Graiver. El hermano de David, Isidoro Graiver, declaró públicamente, el mismo día de aquella larga disertación de Cristina Kirchner, que la venta de Papel Prensa se hizo bajo condiciones normales y en respetuosas negociaciones con los compradores. Isidoro Graiver, también secuestrado y torturado, lideró esas negociaciones en nombre de su familia. El Gobierno expone, en cambio, el testimonio acusatorio de la viuda del banquero muerto, Lidia Papaleo, pero la hija de ésta, María Sol Graiver, coincidió en sus declaraciones con su tío Isidoro.

Nunca, durante las casi tres décadas de democracia argentina, ningún miembro de la familia Graiver cuestionó la venta de Papel Prensa ni acusó a los diarios compradores. Esta es una novedad que surge ahora, inclusive siete años después de gobierno de los dos Kirchner. El Estado conserva una parte minoritaria del paquete accionarial. Importantes dirigentes kirchneristas, entre ellos un ex jefe de Gabinete, ocuparon en estos años sillones en el directorio de la empresa papelera en nombre del Estado. Ninguno dijo nada nunca.

Desde la derrota electoral de hace un año, el kirchnerismo eludió la autocrítica y prefirió culpar al periodismo de su desventura política. Eligió, también, la preocupante senda de la radicalización, utilizando hasta límites antidemocráticos el enorme poder que le concede una política argentina fragmentada y, a veces, impotente. El fuerte crecimiento económico que beneficia a la región latinoamericana amortiguó, a su vez, los efectos sociales del creciente autoritarismo de los Kirchner. No obstante, en todas las mediciones de opinión pública, mayoritarios sectores sociales le reprochan a la diarquía gobernante su propensión a usar y abusar de un poder descomunal.

El eventual control de Papel Prensa les permitiría a los Kirchner una enorme influencia sobre la prensa gráfica independiente, a la que no han logrado someter todavía. El Gobierno controla también, mediante aranceles y un manejo discrecional de la aduana argentina, la importación de papel. Producción nacional e importación de papel para diarios quedarían, en ese caso, bajo el arbitrio del poder político. Tal proyecto se ejecuta con los argumentos de la "democratización" de los medios de prensa. En su nombre, han ignorado dos garantías constitucionales: la libertad de prensa y la propiedad privada. En un imprevisto triunfo de la sinceridad sobre la simulación, el matrimonio presidencial argentino decidió parecerse aún más a su muy cercano amigo Hugo Chávez. El problema insoluble que tienen es que carecen de los reaseguros políticos, económicos, sociales y militares de Chávez. ¿Cómo harán, entonces?

Joaquín Morales Solá es periodista y editorialista de La Nación.