Difícil rescate

El Consejo de Ministros del pasado viernes puso en marcha el procedimiento para rescatar algunas disposiciones del Estatuto de Cataluña declaradas inconstitucionales. El Gobierno adoptó esta decisión sobre la base del informe presentado por el vicepresidente tercero y ministro de Asuntos Autonómicos, Manuel Chaves, y encargó su puesta en práctica al titular de Justicia, Francisco Caamaño, quien tuvo una destacada participación en la redacción final del texto catalán. Se trata de la primera iniciativa tras la reunión celebrada entre Zapatero y Montilla después de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la manifestación de protesta que tuvo lugar en Barcelona. No parece que ni jurídica ni políticamente exista margen para muchas más, pese a lo que se dio vagamente a entender en aquella cita.

El propósito del Gobierno no es contradecir ni sortear el fallo sobre el Estatuto catalán, como se han apresurado a denunciar desde sectores ultraconservadores, sino desarrollar las soluciones apuntadas en la propia sentencia y, en concreto, el gobierno de los jueces. El Tribunal Constitucional dictaminó que el establecimiento de un Consejo de Justicia de Cataluña, semejante al aprobado en otros textos autonómicos que no han sido recurridos, no podía realizarse por vía estatutaria, sino mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta reforma es la que se propone emprender el Gobierno, aunque será difícil de llevar a cabo en el plazo de esta legislatura por la complejidad técnica que encierra, tanto a la hora de definir el Consejo catalán como a la de encontrarle un encaje en la norma estatal. También por los obstáculos políticos que la reforma deberá vencer, puesto que el Gobierno necesitaría contar con la mayoría absoluta requerida por las leyes orgánicas y asumir el eventual coste para sus propias expectativas electorales. A ello habría que sumar, por último, la proximidad de las elecciones catalanas, en las que la sentencia del Estatuto, y la respuesta de unos y otros partidos, será uno de los ejes centrales de la campaña.

Quizá el Gobierno tenga menos dificultades para avanzar en el traspaso de competencias delegadas y en la negociación de mecanismos para la ejecución de las compartidas. Pero es dudoso que este paquete resulte de mucha ayuda para Montilla y la opción posibilista en la que quiere situar al PSC frente a las fuerzas nacionalistas a la hora de gestionar la sentencia del Estatuto. La renuncia de Antoni Castells a formar parte de las próximas listas electorales complica aún más el futuro de los socialistas, dejando en manos de CiU no solo la posibilidad de formar Gobierno si se cumplen los pronósticos, sino también de definir el signo que adopten las relaciones de las instituciones catalanas con las del resto del país. El Gobierno ha empleado una de sus últimas bazas para restar intensidad a las elecciones en Cataluña, pero no parece que las iniciativas adoptadas el viernes vayan a alterar sustancialmente el panorama.