El peso de la ley

Junto a la parada de Arc de Triomf de la línea 1 se alza un edificio de un modernismo descabellado e incipiente, en el que los espacios tienen la pretensión de sobrecoger. Esta vez, Carmen Secanella y un servidor intentábamos visitar los calabozos de la Audiencia, con derecho a salir de ellos cuando se nos antojara. Quedamos en un bar del paseo de Lluís Companys, donde uno imagina desayunando a periodistas como José Martí Gómez, o a agentes de la autoridad como el comisario Méndez, a la espera de un fiscal amigo que les informe sobre un asesinato o un desfalco millonario. La justicia, ese artículo más o menos adulterado -como escribía Ambroise Bierce-, que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales, siempre ha resultado muy literaria. La propia aplicación de las leyes no es más que un relato del que se extrae un resultado de inocencia o culpabilidad. ¿Cuánto pesa la ley? Y es que a la que uno penetra en este edificio comienza a hablar con perífrasis, se hace un montón de preguntas retóricas y acaba citando el Código Civil de 1889, todavía en vigor.

Pedimos visitar los calabozos de la Audiencia, pero no están accesibles

Un armario cobija togas en desuso. Los magistrados se las compran, a los letrados se las presta su colegio

El Palacio de Justicia surge como un efecto colateral de la primera Exposición Universal, aunque no comenzará a funcionar como tribunal hasta 1911. Su fachada presenta una ornamentación exagerada de figuras esculpidas en piedra de Montjuïc. Tras cruzar la puerta -y el control policial- nos damos de bruces con una escalinata colosal, al final de la cual se encuentra el salón de los Pasos Perdidos, cuya bóveda de hierro está sustentada por columnas de pórfido, y sus paredes decoradas -es un decir- con cuadros del áulico Josep Maria Sert. Cuando por fin llega la encargada de prensa con la que estábamos citados, nos anuncia que los calabozos no están accesibles, y que tendremos que conformarnos con otras dependencias del edificio. Como en una visita turística, negociamos ver las salas más antiguas. Mesas de madera oscura, dorados y un sillón en medio -el del acusado-, en el que me siento un instante cuando no miran. Jamás he estado en un tribunal, pero la silla da una perspectiva poco halagüeña al allí sentado, obligado a mirar hacia arriba al juez. En un cuarto anexo, un viejo armario cobija togas en desuso. Mientras los magistrados se compran estas prendas, a los abogados es tradición que se las preste su colegio profesional, que cuenta con una amplia colección de ellas, en todos los tamaños.

Negociamos bajar a los archivos, un dédalo de pasillos estrechos, tapizados a ambos lados por estanterías, con toneladas de legajos, muebles destrozados, material de oficina caducado, cachivaches varios y hasta un crucifijo de considerables dimensiones cubierto por un trapo, de cuando Dios también intervenía en los veredictos. Por todas partes vemos papeles y cajas. De los documentos que aún están aquí -pues la mayor parte han sido llevados al archivo de Sant Cugat- no queda nada anterior a la Guerra Civil. Paseamos literalmente por entre carpetas del Tribunal Especial de Espionaje de Cataluña de 1936. Hay actas de los tribunales populares, con causas por lesiones y subsiguiente muerte, abusos deshonestos, desafección al régimen o connivencia con el enemigo. En un rincón hay actas de la Oficina Jurídica del Comité Revolucionario. Un poco más allá la historia da un giro al volver la esquina y nos encontramos con las cajas del Tribunal de Responsabilidades Políticas franquista, con juicios seguidos entre 1939 y 1942. Subimos y bajamos escaleras, todavía preguntando por los dichosos calabozos. Solicitamos ver el almacén de pruebas, pero lo más valioso ha sido llevado recientemente a la nueva Ciutat de la Justícia; el resto fue tirado a la basura. Al marcharnos, la escalinata intenta de nuevo amedrentarnos, pero en vano. Cual houdinis escapamos de unas mazmorras que ni hemos visto.