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Fomento veta desviar el tráfico para cobrar peaje de entrada a Gibraltar

Caruana, el PSOE e IU critican el plan del alcalde del PP de La Línea - El Ayuntamiento pretende recaudar unos 30 millones al año con la tasa

El alcalde de La Línea de la Concepción, Alejandro Sánchez (Partido Popular), recibió ayer del Ministerio de Fomento el primer revés a su plan para implantar una tasa de al menos cinco euros para el paso de vehículos hacia Gibraltar.

El director general de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, Miguel Ángel Schmolling, ha denegado al Ayuntamiento gaditano el permiso para reordenar el tráfico de la carretera N-351, que depende de Fomento, a su paso por la Avenida de España. El alcalde pretendía desviarlo por la Avenida del Ejército, situada en terreno municipal, para situar allí el peaje.

Por ese tramo circularon en 2008 una media de 27.000 vehículos diarios, el 95% de los cuales son ligeros, según Fomento. Un peaje medio de cinco euros supondría unos ingresos brutos cercanos a los 50 millones de euros, aunque el consistorio rebaja a 30 esta cifra. Los camiones con material de escombros pagarían una cantidad más "radical", según Sánchez.

El Peñón tacha la medida de "ilegal" y la circunscribe a problemas internos

El Consistorio quiere cobrar cinco euros de media por vehículo

"El Ayuntamiento solicitó cortar el tráfico rodado en la N-351 con el objeto de ejecutar unas obras consistentes en mejorar la red de pluviales, de aguas fecales y el alumbrado", según Fomento. En un escrito presentado hace meses, el municipio añadía además una solicitud de permiso más general, en previsión de otras "futuras instalaciones".

El desvío del tráfico fue autorizado por Fomento con esos fines, "pero los plazos de ejecución [de la obra] no se cumplieron y terminaron por no realizarse". El Ayuntamiento volvió a solicitar la autorización caducada el pasado lunes, pero Fomento se la denegó, una vez conocido ya su plan de instalar un peaje.

En su escrito, el organismo estatal insta además a "la inmediata paralización de los trabajos y al restablecimiento del tráfico", al tiempo que recuerda que este solo puede alterarse en verano con su permiso expreso.

Este es el primer varapalo para la bautizada como tasa de descongestión, una medida que según el Ayuntamiento debe compensar los perjuicios derivados de servir como ciudad fronteriza. Pero no ha sido el único.

El Gobierno gibraltareño denunció mediante un comunicado la "letanía de ilegalidades" que se deriva de las "confusas" intenciones del Ayuntamiento, que en su opinión transgreden "las leyes europeas y, posiblemente, las españolas". El Ejecutivo presidido por Peter Caruana enmarca la iniciativa "en una polémica política" del municipio "con el Gobierno de España", y advierte de que "se tomarán las medidas que se consideren necesarias" si se lleva a cabo.

Por su parte, el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, respaldó la iniciativa del alcalde, que en su opinión defiende los intereses del municipio, y criticó que el Gobierno español haya hecho "muchas cesiones" a la colonia británica sin dedicar "ni un minuto" al Campo de Gibraltar.

El PP, por boca del propio Arenas y del presidente del partido, Mariano Rajoy, ha reclamado que se reponga la Carta Económica Especial de La Línea, un sistema de financiación adicional para el municipio que, por su condición de ciudad fronteriza con Gibraltar, fue puesto en marcha hace una década y cuya congelación atribuye al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, fue el último Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Economía, el que lo suspendió, según ha recordado el PSOE.

El diputado del PSOE por Cádiz y presidente de la Comisión de Infraestructuras, Salvador de la Encina, asegura además que La Línea recibe un 35% más de dinero del Estado que otros municipios con la misma población.

Precisamente, la presidenta de los socialistas andaluces, Rosa Torres, aseguró ayer que el peaje contraviene la normativa "nacional y europea". La dirigente del PSOE se mostró ayer partidaria de negociar para La Línea un estatus de ciudad de frontera, "que es lo que en política debe hacerse".

Izquierda Unida, por su parte, coincidió en tachar de "ilegal" la iniciativa y achacó a la "mala política" del alcalde el "dañado" estado de las cuentas municipales. En su opinión, la propuesta es una "cortina de humo". Finalmente, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, calificó el plan de "coacción a la libertad de movimiento de las personas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de agosto de 2010