Economía rechaza aplazar a las Comunidades el pago de los 5.500 millones que le deben

Las Comunidades deben más de 5.500 millones de euros al Estado por los anticipos que recibieron en 2008 a cuenta de la financiación autonómica, y pese a las presiones de los Gobiernos regionales, el Ministerio de Economía descarta aplazamientos en los pagos, que deben empezar el 1 de enero. Cada año, el Estado estima cuál va a ser la recaudación de impuestos y adelanta dinero a las Comunidades en función de ese cálculo. Mientras la economía crecía, el Gobierno siempre se quedaba corto -estimaba una cifra de ingresos inferior a la que finalmente se producía-, y cuando llegaba la liquidación tenía que abonar más dinero a las Comunidades. Eso se acabó en 2008. Las comunidades de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- deberán empezar a ingresar a partir del 1 de enero 5.502 millones al Estado como resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008.

Con las arcas vacías por la crisis, buena parte de los Gobiernos autonómicos han pedido a la vicepresidenta Elena Salgado el aplazamiento de esos pagos. El Ministerio se negó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ayer un portavoz de Economía descartó esa posibilidad, que dificulta aún más cuadrar los números de las autonomías, muy diezmados por la caída de ingresos del ladrillo.

Madrid es la única comunidad que recibirá dinero de la Administración central, un total de 15 millones de euros. En el resto de los casos tocará pagar: la deuda más abultada es la de Andalucía (1.476 millones), seguida de Cataluña (691 millones), la Comunidad Valenciana (635 millones) y Galicia (573 millones). La Generalitat valenciana y la Xunta hicieron frente común la semana pasada para presionar a favor de un retraso en el pago. Pero el Ejecutivo descarta esa medida, por las necesidades derivadas del plan de ajuste del déficit público. Y porque aduce que las Comunidades pactaron los plazos para devolver esa deuda en la negociación del nuevo modelo de financiación, que obliga a reembolsar en cinco años el dinero de más percibido.