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EE UU dará recompensas millonarias a quienes delaten un fraude financiero

Wall Street se prepara para hacer frente a una avalancha de denuncias

La digestión de las 2.323 páginas de las que consta la reforma financiera continúa, casi un mes después de su adopción por el Congreso. Y mientras los reguladores en EE UU se ponen manos a la obra para llevar el texto legal a la realidad, surgen nuevos detalles sobre a qué deberá atenerse Wall Street. De entrada, puede haber una oleada de denuncias por las recompensas millonarias que Washington concederá a los delatores de irregularidades o actividades fraudulentas.

Las sumas pueden llegar a ser muy jugosas, basándose en los términos establecidos en la conocida Dodd-Frank Act. Los informadores que "voluntariamente" faciliten datos de primera mano que lleven al regulador del mercado de valores (SEC) a iniciar una acción contra una firma financiera, podrán beneficiarse de un pago equivalente a entre el 10% y el 30% de la sanción impuesta cuando supere el millón de dólares.

Los informadores podrán cobrar hasta el 30% de la sanción impuesta

Es un mecanismo similar al que recoge la ley Lincoln, por la que se recompensa a ciudadanos que presentan evidencias de fraude en contratos públicos. El propósito de esta legislación es cambiar la cultura corporativa y recuperar los fondos malversados. El delator es premiado con hasta el 25% del dinero recuperado. Solo en 2009 se restituyeron 5.600 millones (4.250 millones de euros).

Si la provisión incluida en la Dodd-Frank funciona, desde la National Whistleblowers Center aseguran que "los denunciantes de irregularidades serán premiados con millones de dólares". Y estos delatores, añade, a su vez "ahorrarán miles de millones a los inversores". Un incentivo que, como se señala en el texto original del paquete de reforma financiera, se espera atraiga a más denunciantes que hasta ahora.

Dos días después de entrar en vigor, ese centro reunió a un grupo de abogados para entender cómo lidiar con la nueva legislación. Algunos bufetes ya tenían incluso casos listos para lanzar en el momento en el que Barack Obama estampó su firma, el pasado 21 de julio. Y a más delatores, más trabajo para los abogados de firmas objeto de un expediente sancionador.

Lo que temen en el despacho Willkie, Farr & Gallagher es que este incentivo desate una oleada de denuncias malintencionadas por parte de empleados descontentos. Eso, dicen los expertos, se come recursos y tiempo, no solo de las empresas, también del regulador. Y señalan además que esta provisión puede tener efectos potenciales en empresas fuera del sector financiero.

La SEC, muy criticada por haber pasado por alto las alertas que le presentó Harry Markopolos sobre el multimillonario fraude de Bernard Madoff, tendrá un papel reforzado en la nueva estructura de supervisión. Además de hacer de policía del mercado de acciones, tendrá bajo la lupa a las agencias de calificación de riesgo, fondos especulativos y firmas de capital riesgo.

El regulador en Washington ya cuenta con un sistema para procesar y premiar las denuncias de los informantes, que deberá actualizar para lidiar con la avalancha de revelaciones que se espera en Wall Street. Las nuevas disposiciones de la reforma financiera, dicen, hará de la SEC una agencia más efectiva a la hora de hacer frente al fraude financiero.

Y como muestra de la agresividad tras el caso Madoff está el millón de dólares con el que recompensó a Glen y Karen Kaiser hace dos semanas, por facilitar información y documentos que fueron cruciales para destapar un caso de información privilegiada en la firma Pequot Capital. Fue la mayor suma desembolsada a un chivato antes de que entrara en vigor la nueva legislación.

En España no existe un mecanismo de denuncia similar al aprobado en EE UU. No lo hay en la CNMV, aunque en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por la Ley de Defensa de la Competencia, sí hay un programa por el que la primera empresa que denuncia el cartel en el que participa no paga multa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de agosto de 2010