¿Y la Universidad qué?

Cada vez que se discute la financiación de las Universidades públicas españolas, sale a colación la idea de que es necesario aumentar la aportación privada. Una manera sería encarecer las matrículas que pagan cada año los alumnos, un tema también recurrente, pero que nunca se lleva a término, entre otras cosas porque sería muy costoso políticamente.

Así, se vuelven una y otra vez las miradas hacia las aportaciones que pueden hacer los particulares y, sobre todo, las empresas, es decir, los mecenas. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, cuando su departamento aún se ocupaba de las Universidades, dijo en verano de 2008: "La financiación privada la tenemos que promover porque es el único camino que nos va a llevar a una financiación suficiente". Solo el 4% de la financiación universitaria proviene de las empresas, añadió. Garmendia habló entonces de un plan de incentivos fiscales para atraer el mecenazgo de las empresas. Un plan que no llegó hacerse realidad.

De vuelta las universidades en el departamento de Educación, el ministro Ángel Gabilondo habló el pasado mayo, durante el encuentro de 1.000 rectores iberoamericanos en Guadalajara (México), de la necesidad de cambiar la ley de mecenazgo para facilitar donaciones como la que acababa de anunciar el Banco Santander: 600 millones de euros en los próximos cinco años para proyectos universitarios. Preguntado a mediados de julio, Educación dijo que se trataba de una reflexión general, sin objetivos ni planes concretos a la vista.

Pero es peliagudo, sobre todo en un momento en que se acaban de calmar los ánimos de estudiantes que claman contra "la mercantilización" de la Universidad. "La reforma de una ley de mecenazgo es un proceso largo y costoso, pero sería muy importante", dice la profesora de Economía de la Autónoma de Madrid Carmen Pérez Esparrells. "La idiosincrasia española respecto a este tema está muy alejada de la realidad en EE UU y es un desafío cultural de los académicos, los estudiosos, los gobernantes y los partidos políticos para explicarlo bien, incentivarla", añade.

Aparte de la posibilidad de mejorar las ventajas fiscales, la profesora explica que la ley actualmente impide que las aportaciones a las universidades tengan carácter finalista. "No pueden indicar (condicionar) la aplicación de esos fondos a ningún objetivo concreto, por lo que será difícil que se identifiquen con los objetivos, funciones y misiones de las Universidades", asegura.