Los dueños intentan aplazar el derribo del tanatorio ilegal de Pontevedra

"Puede haber un problema social agudísimo", dice Alfonso Iglesias, responsable de Central Funeraria, SL, una de las empresas que promovió la construcción en 1993 del tanatorio de Montecelo, en Pontevedra. La fecha de derribo está fijada para el día 12, después de que el Tribunal Supremo ratificase que la licencia de obra que concedió la Consellería de Política Territorial era ilegal. Iglesias entiende que si se tira el tanatorio no habrá suficiente sitio en la ciudad para velar los cadáveres.

Central Funeraria, junto a Pompas Fúnebres y Alianza y Barros, tendrá que hacer frente a la factura que les pase la Xunta, que ejecutará el derribo. Pero dado que construyeron con licencia, podrán reclamar judicialmente que el Gobierno pague las obras y les indemnice por los daños y perjuicios. De momento las funerarias no se han puesto de acuerdo, pero un portavoz anuncia que se hará algo antes del día 12.

Iglesias pide que el tanatorio pueda seguir funcionando, aun "en precario", mientras no se construya un emplazamiento alternativo. Según él, la tasa de mortalidad en Pontevedra, que sitúa en torno al 8,5 por mil, es demasiado alta para que la ciudad se pueda permitir el derribo.

Juan Perdiz, responsable del tanatorio de San Mauro -que sí tiene los papeles en orden- tacha de falsas las previsiones de su competencia y asegura que la demanda "se cubrirá totalmente". Afirma que sus instalaciones, junto a las que posee el asilo de ancianos y el propio hospital de Montecelo, son más que suficientes, y que muchos muertos se velan en centros de otros municipios.