El PP de Canarias conocía desde 2008 las irregularidades económicas en Tenerife

El Partido Popular de Canarias conocía desde hace al menos dos años las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de subvenciones municipales por sus ediles en Santa Cruz de Tenerife. El llamado caso Bragergate investiga el supuesto uso de facturas personales para justificar el gasto de 160.000 euros asignados al grupo municipal entre 2003 y 2007. Un informe del entonces tesorero del PP en Tenerife, Luis Villegas, advirtió de la falta de transparencia económica de su presidenta, Cristina Tavío. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, asegura que dispuso "a su libre albedrío los fondos aportados por los afiliados y los cargos públicos, sin permitir el más mínimo control por parte de los órganos fiscalizadores establecidos para tal fin". El informe, presentado en el congreso del PP en la isla de noviembre de 2008, le costó el puesto a Villegas. Tavío pidió al Comité Regional de Derechos y Garantías su expulsión inmediata al considerarlo un acto de difamación. También fue cesado como director general de Empleo en el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Coalición Canaria. Villegas recurrió ante el comité regional, que anuló el castigo disciplinario. Siguió en el PP, como militante de base, hasta su fallecimiento hace unos meses.

La asociación Justicia y Sociedad ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Este colectivo de juristas insta a la Fiscalía Anticorrupción a investigar a los ediles y a la propia Tavío por presentar como justificante de esos gastos unas facturas de alcohol, boletos de lotería, ropa de marca, gafas de sol, circuitos de spa o ropa interior. Ven penalmente relevantes "los medios y los modos en que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad del gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna".

El PP tinerfeño ha impuesto una férrea cortina de silencio. En un correo electrónico interno del partido se da orden de no realizar declaraciones sobre el caso "por mucho que los periodistas insistan". "Hay que tener la suficiente capacidad para desviar este asunto", añade el mensaje.