Industria revisará las primas de miles de huertos solares

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un real decreto para perseguir supuestos fraudes en el sector fotovoltaico e inspeccionar, al menos, 800 megavatios de la potencia instalada, en torno al 24% del total. Industria, recogiendo denuncias lanzadas por las propias asociaciones del sector, tratará de saber si miles de instalaciones -hay 55.000 en España- cobran las primas que les corresponden.

Tras la iniciativa está la sospecha de que muchos de los llamados huertos solares declararon, falsamente, estar listos para funcionar en septiembre de 2008, cuando cambió la normativa y la prima a cobrar por megavatio-hora producido se redujo de 465 euros a 320. En aquellas fechas, las solicitudes de instalación de paneles fotovoltaicos se asemejaron a un alud. Resultado: donde se preveían 400 megavatios en 2010 había ocho veces más, y dos años antes.

La regularización voluntaria no supondrá sanción ni devolución de dinero

El propio sector, en negociaciones con Industria para ver qué sucede con las primas, ha estimado que las irregularidades podrían afectar a entre 600 y 1.000 megavatios y hasta a un 15% de las instalaciones, más de 8.000 en todo el país. Las denuncias de algunas asociaciones tienen, por supuesto, una intención: que el dinero que se recupere de las primas mal cobradas -unos 800 millones de euros, según sus cálculos- suavicen los recortes que planea Industria. Las negociaciones se aplzarán hasta septiembre.

Fuentes de Industria explicaron ayer que el real decreto, que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, prevé que sea la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la que lleve a cabo la labor de inspección.

En el caso de que se demuestre que una instalación ha cobrado las primas más favorables de forma irregular, el propietario estará obligado a devolver el dinero ingresado con intereses de demora. La instalación pasará, además, a cobrar el precio de mercado y solo se podrá acoger a las primas fijadas después de septiembre de 2008 si se pone en lista de espera. En la práctica, ello supondría una espera de tres o cuatro años para volver a cobrar primas.

El real decreto prevé, no obstante, que aquellos que estén cobrando de forma irregular soliciten la incorporación al régimen de primas que les corresponde. En ese caso no tendrán que devolver las primas cobradas ni hacer frente a otras posibles acciones sancionadoras.