Coacciones

La decisión de la dirección del Partido Popular de obligar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el recurso contra el archivo de la investigación judicial sobre el supuesto espionaje de que fue objeto desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid constituye un hecho gravísimo. No solo revela el autoritarismo arrogante con que las ejecutivas de los partidos suelen ejercer su dominio sobre la vida de sus militantes. Esa acción coactiva constituye una intromisión arbitraria y abusiva en un ámbito que trasciende la vida partidaria y que se confunde con el de los derechos fundamentales de la persona, lo que las ejecutivas de los partidos también están obligadas a respetar.

A Cobo se le ha impedido acogerse a un derecho fundamental reconocido en la Constitución: el de la tutela judicial efectiva. Pero el PP acaricia una próxima victoria electoral en las autonómicas y municipales y su líder, con la vista puesta en La Moncloa, ha hecho valer el interés del partido por encima de otras consideraciones de carácter ético. Así, la dirección nacional del PP, siempre complaciente con Esperanza Aguirre, ha querido sin duda congraciarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un asunto, el del espionaje, en el que su Gobierno ha estado bajo sospecha. En este enjuague, poco han importado los derechos de un militante que hasta hace dos días esgrimía su derecho a protegerse de esa gestapillo, según sus propias palabras, que siguió sus pasos para debilitarle a él y a los suyos dentro del partido. Pero la sensación incómoda de seguimiento de Cobo, como la de Alfredo Prada, el otro dirigente del PP que también ha retirado su recurso, no ha desaparecido tras la investigación judicial del caso.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y Francisco Granados, responsable de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, han justificado su estrategia por el perjuicio que causaría al partido y a su imagen mantener en su seno una batalla judicial. Sin embargo, un posible caso de corrupción institucional, en el que hay sospechas de actuaciones de funcionarios que vulneran derechos de la persona y uso indebido de fondos públicos, nunca puede ser un asunto interno de un partido. Sobre todo, si es para echar tierra al asunto y no para esclarecerlo.

La dirección del PP nunca estuvo interesada en aclarar el posible espionaje a Cobo y a Prada. Queda en manos de la Fiscalía de Madrid que la acción de la justicia siga adelante. El archivo provisional ha dejado demasiados cabos sueltos, muchas pruebas sin practicar y otras obstaculizadas por la Comunidad de Madrid. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Cobo y Prada se han plegado a las demandas de la cúpula del partido a cambio de los beneficios electorales que las autonómicas y después las generales pueden reportar a unos y otros. No es un ejemplo edificante de hacer política.