El PP obliga a Cobo y Prada a no recurrir el archivo del 'caso espías'

La dirección nacional del PP no quiere, a nueve meses de las próximas elecciones autonómicas y locales, dejar abierto el avispero judicial del caso de los espías que afecta al Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, ha forzado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada, a retirar los recursos que hace tan solo unos días interpusieron ambos contra el archivo que decretó la juez Carmen Valcarce por los seguimientos que les efectuaron ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El caso de los espías fue destapado por EL PAÍS en enero de 2009 sobre una serie de partes, con anotaciones manuscritas, por parte de empleados de la Consejería de Interior de la Comunidad, en plena primavera de 2008 y en vísperas del conflictivo y complicado congreso nacional del PP de Valencia.

La vía judicial sigue abierta al mantener su recurso los socialistas

Cospedal agradece a los espiados que desistan de sus acciones

Ni Cobo ni Prada, que denunciaron haber sido objeto de ese espionaje por empleados de la consejería que dirige su compañero de partido Francisco Granados, querían retirar esos recursos presentados ante la Audiencia de Madrid contra el archivo decretado por la juez Valcarce. Finalmente, ambos optaron por disciplinarse a las instrucciones dadas por la cúpula del partido.

La fiscalía de Madrid también ha decidido aceptar la decisión de la juez Valcarce y no recurrirá el archivo del caso ante la Audiencia madrileña. No obstante, la vía judicial de este caso quedará abierta, ya que el Partido Socialista de Madrid (PSM) también es parte en este proceso y mantiene su recurso.

El PP ha obligado a ambos a retirar los recursos porque está convencido de que puede ganar los próximos comicios en Madrid y quiere cortar cualquier enfrentamiento judicial entre altos cargos del mismo partido por un asunto tan grave como el del espionaje. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, habló personalmente con Cobo en la tarde del pasado lunes para pedirle que retirase el recurso en bien del partido, por razones electorales, pero el vicealcalde de Madrid se negó.

Finalmente, ayer, Cobo decidió hacerlo. Pero aceptó tras una conversación que tuvo que mantener el propio Mariano Rajoy ayer mismo, antes de la última ejecutiva del curso político, con el jefe de Cobo y alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En esa charla privada Rajoy sugirió la conveniencia de que tanto el vicealcalde Cobo como el ex vicepresidente Prada -que ahora trabaja en su equipo- retirasen sus recursos para no dañar al partido con vistas a las próximas elecciones autonómicas y locales. Rajoy también apuntó que este tipo de polémicas internas puede perjudicarle a él en su intención de ganar las elecciones generales para llegar a La Moncloa.

Cospedal, en una rueda de prensa posterior a la última ejecutiva nacional del PP antes de las vacaciones del verano, confirmó ayer que ha sido el partido quien ha solicitado a Cobo y Prada que desistan de sus recursos contra el sobreseimiento de la causa. "Como partido, se lo agradezco", dijo ayer Cospedal, tras conocer que Cobo había decidido acatar las instrucciones y retirar, al igual que Prada, el recurso.

Cospedal justificó esa petición en una teórica "sentencia" de la juez que determinaba que no había ningún delito. Lo que hizo la juez fue un auto de archivo al no observar suficientes indicios de delito de malversación.

La dirigente del PP añadió que no estaba previsto celebrar una reunión del Comité de Derechos y Garantías para, a cambio, levantar el año de suspensión de militancia que pesa sobre Cobo por unas declaraciones a este periódico en las que arremetía contra Aguirre y otros cargos de la Comunidad por, entre otras cosas, los seguimientos que había sufrido. Pero Cospedal sí había llegado a ofrecer a Cobo, en su charla del lunes, que el PP podría retirarle la sanción de suspensión de militancia que tiene en vigor en menos de una semana si accedía al acuerdo. Rajoy también le comentó al alcalde ese aspecto del trato. Gallardón y Cobo se negaron a ese enjuague. Creen que podría ser contraproducente para su imagen de firmeza y de respeto a los principios.

Aún así, cedieron en un punto. Accedieron a retirar el recurso presentado hace apenas cuatro días. Cobo exigió, y así se lo explicitó Gallardón a Rajoy, que iba a evidenciar públicamente su malestar y comunicaría que solo retiraba sus acciones judiciales por órdenes expresas de la dirección nacional del PP.

El responsable de la consejería a la que pertenecen los ex policías y guardias civiles que efectuaron los seguimientos, Francisco Granados, agradeció ayer las gestiones de la dirección nacional del PP para disuadir a Cobo y Prada de que retirasen los recursos. Hace tan solo unos días, cuando la juez archivó el caso, llegó a exigir al espiado Cobo que pidiese perdón y le amenazó con los tribunales. Su jefa, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no suscribió esas "opiniones personales" de Granados. Y ayer optó por no avivar esta polémica.

Granados, consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, mostró ayer abiertamente su "satisfacción" con la decisión y manifestó su agradecimiento a la dirección nacional del partido, a su presidente, Mariano Rajoy, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, por recuperar "la normalidad y el sentido común". Pero también aprovechó para indicar que es "normal" que los adversarios políticos, como el PSOE, recurran el archivo, "pero lo normal también es que los compañeros de partido, una vez que se ha demostrado que ese supuesto espionaje no se ha producido, no lo recurran". Y añadió: "Con este gesto es evidente que los órganos del partido funcionan y han tomado una decisión correcta".

Cobo, en el recurso que ahora ha decidido retirar, esgrimía ante la Audiencia de Madrid que en el Ejecutivo regional de Aguirre hubo "carta blanca, aparentemente", para los seguimientos a su persona. Y sostenía que, en contra de lo que dictó la juez en el sobreseimiento, tales seguimientos sí son constitutivos de delitos. El vicealcalde se quejaba en el recurso de que la juez hubiera obviado practicar diferentes pruebas pedidas por los abogados de las partes y otras reclamadas por la Fiscalía de Madrid a las que el Gobierno de Aguirre no dio cumplimiento. Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez las pidió el propio fiscal en 2009.

Entre las pruebas vetadas por la juez figuran datos sobre el coste y el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por parte de los empleados de la Comunidad imputados en este asunto del espionaje a Cobo y Prada.