Gobierno y PP participan en la guerra abierta de recursos al Estatuto

Desde que se empezó a discutir el Estatuto de Cataluña en el Parlamento catalán, hace más de seis años, el texto fue sometido a un riguroso escrutinio y a una enconada y polémica batalla política, como ayer recordó de nuevo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, el Estatuto fue refrendado en reférendum, llegó al Congreso de los Diputados y el PP presentó su batería de recursos en el Tribunal Constitucional. En total recurrió 128 artículos de los 223, casi el 55% del texto. El Constitucional, en el fallo redactado por su presidenta, María Emilia Casas, sentenció que 14 eran en algún aspecto inconstitucionales, aunque solo uno totalmente.

Pero el PP no fue el único que utilizó esa vía para bombardear la norma catalana. También lo hizo en su día el Defensor del Pueblo, que recurrió 74 preceptos, 14 de ellos distintos a los que cuestionó el PP. El Constitucional tiene que fallar en los próximos días sobre ese recurso.

Preceptos similares

Es curioso, y así lo subrayan fuentes cercanas al alto tribunal, que mientras el PP, otros partidos y buena parte de la sociedad se han centrado mucho en destacar los 14 artículos declarados anticonstitucionales en la sentencia del Estatuto de Cataluña, apenas se haya reparado en los preceptos similares o idénticos a esos artículos ya en vigor también en otros estatutos de autonomía: en total ocho del de Andalucía, uno del de Aragón y otro del de Baleares.

También llama la atención, en este sentido, cuál ha sido el comportamiento del PP y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el vigente Estatuto de Cataluña, por cierto muy desarrollado con más de treinta leyes. El PP ha presentado dos recursos en el Constitucional contra una ley sobre el ejercicio de profesionales tituladas y de los colegios profesionales (31 de mayo de 2006) y contra otra ley de educación (10 de julio de 2009).

El PSOE de Zapatero en el Gobierno ha recurrido otras dos leyes del nuevo estatuto, una sobre preceptos de la ley de Comunicación Audiovisual (29 de diciembre de 2005) y otra sobre la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en el registro de la propiedad mercantil o de los bienes muebles de Cataluña (28 de abril de 2009).

La Generalitat también recurre al Constitucional, como hizo ayer el Ayuntamiento de Barcelona contra un decreto de reducción del déficit.