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Editorial:

Rompiendo filas

La política penitenciaria está permitiendo que algunos etarras se desvinculen de la banda

Es buena señal que la política penitenciaria seguida por el Gobierno con los presos etarras haya contado con el apoyo del Partido Popular. El Estado de derecho dispone de recursos suficientes para alcanzar el objetivo de aislar a quienes han venido utilizando la extorsión y el asesinato como medios políticos, y su entrada en funcionamiento y su eficacia dependen en gran medida de que las fuerzas democráticas no la usen como arma arrojadiza. En estas condiciones, la política penitenciaria es una pieza clave de la lucha antiterrorista; entre otras razones, porque impide que la banda rentabilice y enarbole la suerte de los presos como último banderín de enganche para su causa.

De la misma manera que los terroristas han perdido el control de las calles del País Vasco por la gestión del Gobierno de Patxi López, apoyado desde la oposición por el PP de Basagoiti, también están perdiendo progresivamente el de las cárceles. Aunque por el momento sea limitado el número de antiguos etarras que se han acogido a los beneficios penitenciarios tras renunciar a la violencia, lo cierto es que resulta significativo como síntoma de la encrucijada a la que se enfrenta en estos momentos el colectivo. Con una banda debilitada y sin otro horizonte que el abandono de las armas, la búsqueda de salidas individuales entre los presos se impone a la vaga esperanza de que los terroristas todavía en libertad puedan hacer algo por ellos. Es más, el simple hecho de que lo intentaran podría cosechar resultados opuestos.

El entorno político de los terroristas parece mantener por el momento una actitud comprensiva hacia la búsqueda de salidas individuales por parte de los presos. Algunos confían, sin embargo, en que una eventual apuesta de la izquierda abertzale por las vías pacíficas les evite tener que desmarcarse en solitario de las directrices de la banda. Una de las ventajas de aplicar la política penitenciaria de manera autónoma y en función de los exclusivos intereses del Estado, no en el marco de ningún contacto con los terroristas ni con su entorno, según se intentó en el pasado, es que debilita el control de la banda sobre los presos, privándola de una esfera de poder más simbólico que real, pero poder en cualquier caso.

La firmeza en la lucha antiterrorista no es incompatible con la aplicación de beneficios penitenciarios a quienes renuncien expresamente a la violencia, desmarcándose de la férrea disciplina de la banda y declarando un rompan filas individual. Esos beneficios no pueden interpretarse, en ningún caso, como expresiones de indulgencia hacia quienes cometieron crímenes de los que hoy se arrepienten, sino como instrumentos que ofrece el Estado de derecho para seguir aislando a la banda. El mantenimiento del consenso entre las fuerzas políticas resultará decisivo para obtener resultados, lo mismo que el margen de confianza que concedan los ciudadanos, y en particular las asociaciones de víctimas, a la adopción de estas medidas por parte de los jueces y el Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de julio de 2010