Los empleados de Metro pactan bajarse un 1% el sueldo y acaban con los paros

La huelga de Metro de Madrid acabó ayer como empezó: a mano alzada. Los trabajadores ratificaron por 513 votos (el 68%) el acuerdo que alcanzó el comité de huelga el pasado sábado y que supone recortarles un 1% de las nóminas (unos 20 euros para el sueldo medio de Metro, que asciende a 2.000 euros, según estimaciones de la empresa), frente al 5% inicial que recogía el decreto del Gobierno regional. Esta reducción supone que la Comunidad recortará dos millones de euros de los salarios. El resto (5,9 millones) provendrá de rebajar otras partidas presupuestarias como formación, viajes, horas extraordinarias, bajas que no se cubrirán el resto del año y el recorte de los sueldos de los directivos del 8% al 15%.

La propuesta inicial del Gobierno regional era reducir un 5% los salarios

"Si firmamos esto, no tendremos armas para pelear, espetó un trabajador

El respaldo de los trabajadores significa que se desconvocan los paros previstos a partir de hoy y que no se solicitarán más para septiembre, como ayer reclamaban a gritos algunos de los trabajadores que acudieron a las dos asambleas celebradas de las cocheras de plaza de Castilla.

La votación fue favorable pero difícil. Hubo dos asambleas (a las 10.00 y a las 18.00) en las que los trabajadores echaron en cara a sus representantes lo que han perdido por el camino de la negociación. La de la mañana fue una reunión "caliente", en palabras del portavoz del comité, Antonio Asensio. Hubo pitidos, gritos y protestas que se repitieron por la tarde. Algunos asistentes reclamaron que se colocaran urnas para evitar que hubiera votos repetidos, pero la solicitud no prosperó. Casi un tercio de los que acudieron a votar (238 sufragios, el 32%) dio la espalda al comité. Estaban dispuestos a seguir con la protesta, secundando la ruptura de uno de los sindicatos, Solidaridad Obrera (la cuarta fuerza, con cinco de los 30 representantes del comité). Solidaridad se descolgó el sábado del pacto y pidió que se recurra la normativa de los recortes y que los paros vuelvan en septiembre. "El acuerdo se tenía que haber cerrado de otra manera, sin tocar el convenio y retirando los expedientes", señaló Abraham Paliza, portavoz de la formación, que volvió a reclamar que los recortes se hagan de otras partidas, como publicidad o servicios externos, en lugar de detraerlo de los gastos de personal.El convenio y los expedientes que citaba Paliza centraron ayer las dos reuniones y casi todas las intervenciones. Hubo muchas en contra del acuerdo que han alcanzado Metro y el comité.

El motivo principal fue que ese pacto supone modificaciones en su convenio colectivo -al menos en el apartado de las bajas, ya que no se cubrirán las jubilaciones y el convenio colectivo recoge que se mantenga la plantilla intacta-. El convenio, que es ley, fue lo que marcó el comité de huelga como línea roja al inicio del conflicto, justo antes de que el metro de Madrid parara dos días seguidos.

CC OO consideró que haber conseguido bajar del 5% al 1% en el recorte de nóminas "es un exitazo", en palabras del secretario de Comisiones en Metro, Ignacio Arribas. Y hubo algunas intervenciones que respaldaron esa interpretación. Tanto UGT como el Sindicato de Conductores consideran el acuerdo como "una tregua" para seguir negociando, en palabras del secretario del UGT de Metro, Teodoro Piñuelas. El pacto alcanzado el sábado les permite continuar buscando alternativas para que los dos millones ahorrados en nóminas (de los 7,9 millones previstos) puedan salir de otras partidas de gasto de personal. El portavoz del comité señaló ayer que seguirán los contactos con Metro, aunque aún no tienen fecha para una nueva reunión. "Los directivos se van de vacaciones ahora", dijo Asensio. Cada jornada de huelga supondrá un descuento de unos 100 euros a cada trabajador.

Otros trabajadores protestaron también porque los expedientes -2.000, según los sindicatos o 900, según estima la empresa- siguen abiertos. Varios miembros del comité aseguraron que no prosperarán. "No hay peligro para nadie", señaló Vicente Rodríguez sobre la tarima de la asamblea. Y repitió la frase que le ha hecho famoso y por la que la Comunidad de Madrid le llevó a la Fiscalía: "Si hay una sanción, revienta Madrid". Lo mismo, con un tono más cordial, lo declaró Asensio a los periodistas: "Le hemos dicho a la empresa que no aceptaremos ninguna sanción".

Pero muchos trabajadores mostraron sus miedos porque los expedientes pueden acabar en despidos. "¿Vamos a permanecer callados con un montón de expedientes encima de la mesa?", protestó uno. "Si firmamos esto, no tendremos armas para pelear", añadió. "¡No se pueden dejar rehenes!", protestó otro.

Hubo intervenciones a favor (las menos) y muchas afeando al comité el acuerdo alcanzado. "Prefiero morir de pie a vivir de rodillas", intervino otro empleado, emulando al Che Guevara. "Somos el ejemplo para otros trabajadores, no nos podemos rendir", protestaba una empleada. La votación final respaldó la propuesta mayoritaria de los sindicatos. Ahora se abre otro camino para la negociación y puede ser también la vía judicial. El portavoz del comité de huelga aseguró que CC OO recurrirá el proyecto regional igual que denunciaron el decreto nacional de recortes, cuyo recurso ha sido admitido a trámite.

Después de siete jornadas de huelga (dos de ellas sin servicios mínimos) y tres semanas de reuniones, la protesta se acaba. Los paros comenzaron el pasado 28 de junio, el día que la Comunidad de Madrid aprobó el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, con rebajas del 5% en los sueldos para todos los funcionarios y los trabajadores de las empresas públicas regionales.

La normativa incluía una adenda que permitía solo a Metro negociar la rebaja de distintas partidas de gasto de personal, no solo de las nóminas, y desde el principio, la Comunidad barajaba una rebaja del 1,5% en los salarios, muy similar a lo que se ha conseguido finalmente. Pero la propuesta no convenció a los trabajadores porque el proyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre, resultado de la aplicación de un decreto nacional, ampliaba la rebaja impuesta para los funcionarios a otros trabajadores que el Estado dejó fuera, ya que no incluyó empresas como Renfe o Adif, que también se rigen por convenios colectivos.